La Junta de Castilla y León colgó ayer en el Gobierno Abierto la propuesta de modificación del decreto que regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público en la Administración autonómica que, entre otras novedades, recoge que el grado reconocido de discapacidad, a la hora de presentarse a una oferta de trabajo, pasará del 75 al 65%, con el objetivo de incorporar a un mayor número de personas con capacidades diferentes. Además, el decreto, que ahora inicia su tramitación administrativa y que estará aprobado en verano, suprime la acreditación adicional que debían presentar algunas de las personas con discapacidad antes de incorporarse a su puesto de trabajo, pese a haber superado la oposición.
No en vano, en las convocatorias de oposiciones para la Administración autonómica de los últimos quince años se han reservado 480 plazas para personas con discapacidad, de las que solo se cubrieron 192. Mientras que en el caso de los laborales, se convocaron 307 plazas y se adjudicaron 131.
