El Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso contencioso-administrativo que presentó CSIF el pasado 13 de enero contra el ‘decretazo’ sanitario de la Junta de Castilla y León, con el que se pretende organizar el trabajo y la movilidad de los sanitarios, y que es para la formación "un abuso, una imposición y una vulneración escandalosa de los derechos de los profesionales sanitarios”.
El sindicato informó de que el Gobierno autonómico tiene 20 días para remitir el expediente administrativo que justifica la aprobación del decreto recurrido, que "ha sido rechazado frontalmente por los sanitarios de la comunidad con protestas y movilizaciones".
