El Consejo de Ministros ha acordado declarar zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil -la actual denominación de la antigua 'zona catastrófica'- las comunidades autónomas de Castilla y León, Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, La Rioja y Navarra por la intensa nevada caída hace casi dos semanas por la borrasca Filomena y su posterior ola de frío.

El Gobierno ha tomado esa decisión después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, elevara el pasado martes un primer informe al Consejo de Ministros con los estragos causados por Filomena con el que el Ejecutivo inició la evaluación de los daños ocasionados por la nevada. Ayuntamientos de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid han solicitado en los últimos días la declaración de zona catastrófica en sus territorios.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, comentó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que, con ello, el Gobierno pretende "agilizar" la tramitación de ayudas para que "lleguen pronto" y "evitar cualquier demora" a las personas y territorios afectados.

Montero comentó que el Consejo de Ministros adoptará próximamente un nuevo acuerdo que delimitará el ámbito geográfico de la zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil y dictará las medidas compensatorias correspondientes.

La situación de emergencia provocada por el temporal de nieve y frío comenzó el 7 de enero y concluyó este lunes 18 de enero, cuando la Dirección General de Protección Civil desactivó la declaración de preemergencia en situación operativa 1 y el Plan Estatal General de Emergencia (Plegem) volvió a su fase ordinaria de alerta y seguimiento permanente.

El acuerdo del Consejo de Ministerios fue aprobado a propuesta del Ministerio del Interior con la colaboración del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, y otros departamentos cuyos ámbitos competenciales se han visto afectados por el temporal.

El Consejo de Ministros acordó su aprobación porque, dada la magnitud de los daños, la grave perturbación de las condiciones de vida de la población en extensas áreas geográficas y la paralización total o parcial de buena parte de los servicios públicos esenciales conviene no demorar la declaración de zona afectada para agilizar la tramitación de las ayudas que los afectados quieran presentar.

Primeras ayudas

El acuerdo contempla ya ayudas destinadas a paliar daños personales, en concreto los supuestos de fallecimiento y de incapacidad causados directamente por el temporal de nieve y frío. También es posible solicitar compensación por los daños materiales en viviendas y enseres, así como en establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, marítimo-pesqueros, turísticos y de otros servicios.

Todas estas ayudas, que estarán exentas del IRPF, son las reguladas por el real decreto 307/2005, por el que se determinan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica y se establece el procedimiento para su concesión.

Ese mismo real decreto regula también las ayudas a personas físicas o jurídicas que, a requerimiento de algún organismo de la Administración General del Estado, hayan prestado recursos personales, materiales o bienes para las labores de superación de las consecuencias del temporal.

Asimismo, las corporaciones locales podrán ver resarcidos los gastos acometidos para hacer frente a la situación de emergencia, y subvencionadas aquellas actuaciones inaplazables realizadas para garantizar la vida y seguridad de las personas y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

El acuerdo también establece una subvención de hasta el 50% de su coste a los proyectos que ejecuten los ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones provinciales para reparar o restituir infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal, así como la red viaria de las diputaciones provinciales. Quedan excluidos de estas ayudas los trabajos llevados a cabo con medios propios de la entidad local, ya sean materiales, maquinaria o personal.