El presidente y fundador del Instituto de Política Social, Pablo Hertfelder Garcia-Conde, ha reclamado hoy a la Junta de Castilla y León abrir “de inmediato” el plazo de matriculación para el curso escolar 2021-2022 para contrarrestar los plazos marcados en la nueva ley de Educación, aprobada esta semana, más conocida como Ley Celaá.

En este sentido, en una comparecencia de prensa celebrada hoy en Valladolid, Hertfelder avanzó que mantendrán próximamente una reunión con responsables de la Consejería que dirige Rocío Lucas. con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tal y como esta organización ha acordado con el presidente del PP nacional, Pablo Casado, y con los grupos parlamentarios, para presentarles un dossier con 150 medidas que esta entidad demanda con carácter urgente.

Por ello, demandó a la Junta que siga el ejemplo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha abierto el plazo de matrícula “desde ya mismo” para enfrentarse a una ley que tachó de “liberticida, perversa y que sesga el derecho de los padres”. “Cualquiera que disienta de la ley, acabará censurada en aspectos políticos y podrá recibir hasta multas”, advirtió Pablo Hertfelder.

Por el momento, Educación publicó esta semana la resolución para poner en marcha el proceso de admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos para el curso 2021-2022 y que se adelanta a la Ley Celaá. Si bien es similar a la de cursos anteriores, aunque se publica un mes antes de lo habitual, establece el calendario de actuaciones a realizar por las familias, por los centros y por la Administración educativa. Las solicitudes, que este año se podrán cumplimentar de forma electrónica, se presentarán entre los días 19 de marzo y 6 de abril y la resolución del proceso ordinario se prevé para el 22 de junio.

Por ello, pidió el respaldo de la Junta y de los grupos políticos en las Cortes autonómicas, para que acepten sus propuestas, que van encaminadas a la elección de centro escolar y al “apoyo” a la educación especial, para que abogó por su “segregación por cursos”. “Creemos que es fundamental que los alumnos que tienen dificultades en el aprendizaje no estén en un centro ordinario, sino en uno adecuado a ellos”, expuso el presidente del Instituto, quien admitió que se han publicado “muchos bulos” acerca de que estos espacios “vayan a cerrar con la Ley Celaá”.