El vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, anuncio ayer un “giro” de las políticas para al reto demográfico, con la elaboración de una Estrategia de lucha contra el Reto Demográfico, el proyecto de Ley de Dinamización Demográfica y la modificación del modelo de ordenación del territorio.

Igea, que presentó ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para su departamento, avanzó que se aprobará un decreto para regular el Consejo de Dinamización Demográfica, para adaptar el órgano encargado del asesoramiento a la Administración para la inclusión de la perspectiva demográfica en el diseño y desarrollo de sus políticas.

Las políticas, dijo, deben “ir de la mano, para dar una respuesta integral, coherente, transversal y, sobre todo, eficaz a una cuestión cuya solución no va a llegar a corto plazo”. De esta forma, destacó la creación del Grupo de Trabajo Interconsejerías de Dinamización Demográfica, que recordó identificará todo gasto público que pueda imputarse a las políticas contra la despoblación.

Respecto a las medidas específicas, el vicepresidente destacó los dos millones previstos para la promoción de actuaciones en la provincia de Soria que contribuyan a su dinamización demográfica. Además, se impulsarán junto a la Diputación de Soria, entre otros, programas de vivienda, programas experimentales de arraigo y atracción de población, programas de fomento de economía social, o becas para el alumnado matriculado en los grados o másteres impartidos en el Campus.

También se prevé una primera partida de 60.000 euros para convenir con las cuatro universidades públicas de Castilla y León (Salamanca, Valladolid, Burgos y León), su participación en la elaboración de la Estrategia de la Junta sobre el reto demográfico.

Ayer, la Junta de Castilla y León aseguraba que está a la espera de la respuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a su propuesta de facilitar el arraigo en zonas despobladas mediante medidas como puede ser la regularización ad-hoc de las personas en situación irregular residentes previamente en estos territorios, así como de los solicitantes de asilo, a los que se les deniega esta posibilidad y presentan un recurso.

“Se abre un cauce de diálogo con el Ministerio, esperamos que desde la transparencia y el rigor”, explicó el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en relación a la disposición de Castilla y León de acoger a inmigrantes. Así lo recoge la carta que Francisco Igea, consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior remitió el miércoles al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la que traslada la disposición de la Junta a colaborar y manifiesta el interés por acoger a las personas con mayores necesidades y, en especial, aquellos colectivos cuya atención social es competencia autonómica, como los menores no acompañados o las personas solicitantes de asilo.