Castilla y León no es partidaria de la realización de los denominados test de "autodiagnóstico" de COVID en farmacias porque realmente "no son pruebas diagnósticas" como las PCR o las de antígenos de segunda generación, sino que son de anticuerpos, por lo que no son útiles para detectar y controlar la expansión del virus.
Así lo ha asegurado este jueves la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha mostrado así su disconformidad con la práctica de este tipo de pruebas en las farmacias, que además "generan mucha confusión a la población".
Por ello, la titular de Sanidad del Ejecutivo autonómico ha subrayado que la directriz a seguir por cualquier persona que sospeche estar infectado por COVID es contactar con Atención Primaria, que serán los encargados de decidir el tipo de prueba a realizar, entre la PCR o la de antígenos de segunda generación.
De este modo, la consejera ha asegurado que "tal y como está la situación", y la importancia de "controlar y registrar" los casos, la recomendación de la Junta es la de "no optar por este tipo de pruebas" ya que "los test y sus diagnósticos no deben salir del ámbito sanitario", ha subrayado.
Por todo ello, dada la "evidente confusión" que existe entre la población en relación a las pruebas COVID, la Junta de Castilla y León ha encomendado a sus expertos la elaboración de una documentación "clara" sobre estas para difundir entre los ciudadanos.
En relación a la vacunación, Casado aseguró hoy que la planificación y la organización del plan de vacunación serán “clave” para la distribución de la vacuna en las próximas semanas, aunque incidió en que el objetivo de la Junta pasa por garantizar esta vacunación “en todos los puntos”, no solo en las zonas urbanas, sino también en las del medio rural. “Tenemos un buen sistema sanitario, una red de Atención Primaria que se va a tener en cuenta, pero se va a necesitar el apoyo logístico de organización”, añadió.
A la finalización del Consejo de Gobierno, Casado no ocultó la “complejidad” que presenta la Comunidad como consecuencia de la dispersión de su población, pero aclaró que se podrá actuar “igual que para la vacunación antigripal”, una campaña en la que se tiene en cuenta este factor y que aquí requerirá además de “medidas especiales” ante las condiciones de conservación de la vacuna.
La consejera recalcó que la población “diana” que en primer lugar recibirá la vacuna frente al COVID-19 serán los residentes y personal sanitario de personas mayores y con discapacidad, el personal sanitario de primera línea y los grandes dependientes no institucionalizados. Será el Ministerio de Sanidad el que coordinará las acciones para, cuando se hagan llegar las vacunas, que todas las comunidades puedan empezar su distribución “el mismo día”.
