El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, destacó ayer que las cuentas de la comunidad para el año que viene incluyen el gasto COVID en su articulado como “ampliable” por si la pandemia obliga a acometer modificaciones presupuestarias.
Carriedo, que entregó al presidente de las Cortes, Manuel Fuentes, el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2021 y su ley de acompañamiento, para su registro en el Parlamento autonómico, recalcó como “novedad” de las grandes cifras, que los posibles gastos relacionados con la gestión de la pandemia “pasan a ser ampliables, para facilitar modificaciones presupuestarias y entre secciones”.
Fernández Carriedo remarcó, no obstante, que los presupuestos están diseñados para afrontar la pandemia, y recordó que la Consejería de Sanidad, asumirá el 45 por ciento de las partidas, y crecerá un 22 por ciento, para pasar a representar el 7,5 por ciento del PIB. “El principal recurso de margen es hacer crecer un 22 por ciento los gastos de Sanidad”, dijo.
El consejero desgranó los presupuestos de ingresos y gastos para el año que viene, cuando la Junta dispondrá de la mayor cuantía de toda su historia, para hacer frente a un momento extraordinario, 12.291,4 millones de euros, con un aumento del 13,2 por ciento, para afrontar la pandemia sanitaria; la crisis social y económica, e impulsar la modernización de la comunidad y el reto demográfico.
Carriedo defendió unas cuentas que se asientan sobre unas previsiones “realistas” en un momento de gran “indefinición” y contemplan un repunte de la economía del 7,5 por ciento, que no permitirá paliar la bajada del 10,1 por ciento de este año, por lo que “en el mejor de los casos no recuperaremos los niveles productivos de 2019 hasta 2022”, reconoció.
Carriedo indicó que la consejería que más crece es Presidencia, con un 28,04 por ciento, y 141,1 millones de euros, por los compromisos adquiridos con las corporaciones locales, en el pacto de recuperación. En este sentido, explicó que de los 31 millones de crecimiento, 25 irán para los ayuntamientos, que cobrarán a medida que vayan justificando inversiones. No obstante, insistió en la importancia del peso de las consejería sociales, Sanidad (4.366 millones de euros), Educación (2.359,9) y Familia (1.081,3), que crecen el 21,6, 14,6 y 12,6 por ciento, y asumen casi el 80 por ciento de las cuentas. Aseveró, que las más inversoras serán las otras consejería, y constató que las operaciones de capital crecerán por encima de las corrientes, sobre todo por las transferencias para la dinamización de sectores productivos.
Ingresos gracias a la deuda
El consejero expuso que los ingresos de la Junta crecen por el déficit del 1,1 por ciento (633 millones), en el que incurre, asumiendo la recomendación límite del Gobierno, y lo hace porque su deuda es 2,9 puntos inferior a la media en España. Aseveró que este año cerrará en el 0,6 por ciento.
El consejero explicó que frente a este recurso, los ingresos a cuenta del sistema de financiación disminuyen en 170 millones respecto a 2020. Asimismo, recalcó que la sección de deuda pública se sitúa en 1.423 millones, y sube solo un 2,3 por ciento, con una bajada de los intereses del 15 por ciento, con un ahorro de 40 millones, porque “somos la autonomía más solvente de España”, según analistas internacionales, y “logramos operaciones con bajos tipos e incluso negativos”.
En este sentido, reconoció las dificultades para sostener en el futuro este nivel de gasto, porque “no podremos incurrir permanentemente en el déficit” aunque ese 1,1 por ciento, “nos lo podemos permitir” ya que elevamos la deuda muy por debajo que en España, donde se elevará un diez por ciento este ejercicio. En este sentido, afirmó que lo “razonable” es que en una situación de superación de la pandemia se sostenga un escenario de estabilidad presupuestaria para reducir el déficit público, que “se debe sustituir por una mejor evolución de la recaudación tributaria por el crecimiento económico”. Así, sentenció que
“No nos podremos financiar siempre con déficit, nos debemos financiar por crecimiento”, dijo, para razonar que para eso “hay que garantizar el menor impacto económico de la pandemia y la mayor recuperación posible”. ”Queremos que Castilla y León sea la autonomía con menos recesión”, dijo.
El consejero también reclamó al Ministerio de Hacienda que permita a Castilla y León financiarse en los mercados el próximo año, ya que como dijo, el déficit supone incumplir las reglas de estabilidad, lo que les obliga a acudir ala Facilidad Financiera del Gobierno. “He pedido al ministerio que en la media en que nuestro incumplimiento de las reglas fiscales se debe a la crisis, que se cambie el criterio aplicado a este momento y se nos deje financiarnos en el mercado”, porque “Castilla y León prefiere financiarse en el mercado”, ya que “lo estamos haciendo en muy buenas condiciones, a tipo negativo en alguna ocasión”, dijo.
El consejero razonó que no podrán hacerlo “sin un cambio de criterio” por parte del Gobierno cuando “hay causas suficientes” para permitirlo. Además, recordó que los objetivos de estabilidad, “dejan de estar en vigor” este año y el que viene, y se transforman en una “referencia” por lo que “hemos pedido al ministerio que podamos financiarnos en los mercados en otros ejercicios”, repitió. “Sino operan las reglas fiscales y las superamos por una pandemia, no se debe exigir todo lo que se deriva de los incumplimientos de las reglas fiscales. Pedimos que se nos deje a quienes seguimos siendo solventes”.
Por otra parte, Carriedo recalcó que el proyecto de presupuestos del año que viene, no incluye las futuras partidas de los fondos de resiliencia de la UE, porque desconocen cómo se producirá el reparto ni su destino.
Eso si, dejó claro que se trata de fondos “adicionales” que en ningún caso “sustituyen al presupuesto” de la Junta.
FAMILIA INVERTIRÁ 10,6 MILLONES EN PERSONAS MAYORES
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que contará en 2021 con 1.081,27 millones de presupuesto (con un incremento del 12,6 por ciento), dispondrá de 21,4 millones de euros para inversiones reales. De ellos, la mayor partida se destinará a la atención a personas mayores, con 10,6 millones (casi cuatro veces más que en 2018, cuando destinó a esa partida 2,7 millones), de los cuales más de la mitad serán para la construcción de una residencia en Salamanca. Además, 3,3 millones serán para la administración general de la Gerencia de Servicios Sociales, 1,7 millones para la promoción y apoyo a las familias (fundamentalmente a través del programa centros abiertos), 1,6 millones en apoyo a la mujer, 1,54 millones serán para atención a la juventud, 1,13 millones para las personas con discapacidad y 535.000 euros para atención a la infancia.
