Castilla y León necesitaría más de 750 profesionales de enfermería especializados en unidades de cuidados intensivos (UCI) en el escenario más pesimista de ocupación de camas ante el repunte de casos de pacientes con coronavirus. Así lo refleja el estudio realizado por el Consejo General de Enfermería, que ha analizado la situación actual ante esta segunda ola, y que mantiene -con datos de este mismo lunes-, una tasa de ocupación del 44,78 por ciento de las camas destinadas a los pacientes COVID-19. Una “situación preocupante” como la describió el vicesecretario general de la organización, José Luis Cobos, que mencionó la particular incidencia en provincias como Burgos.

El informe contempla otros escenarios. En el más optimista esa necesidad de profesionales se quedaría en los 306. Desde el Colegio destacan que la comunidad disponía al principio de la crisis sanitaria de 265 camas, y se ha llegado hasta las 534, “un 100 por ciento de aumento” en capacidad camas UCI que ha contribuido a aliviar la situación. La situación hoy es de 11 camas por cada 100.000 habitantes, lo que la mantiene en “la zona media” del país.

En la presentación del informe participó la presidenta de la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias (SEEIUC), Marta Raurell, que ahondó en la necesidad de la formación del colectivo para esta especialidad, ya que durante la primera ola se llegaron a incorporar enfermeras a las UCIs sin la suficiente formación. Puso el acento en esa escasez de profesionales que se mantiene “muy lejos de los estándares internacionales”, cuando en circunstancias normales la ratio debería ser de una enfermera por cada dos pacientes, y de 1:1 en caso COVID, al menos. Esta escasez, dijo, ha llevado a que “se prioricen las tareas en función de la gravedad, pero que cada vez se cuida menos, se pierde la visión holística del paciente”, observó.

El presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, apuntó que la “situación es bastante preocupante” en esta segunda ola de incidencia del virus, aunque quiso llamar la atención de las administraciones, tanto nacional como autonómicas, para advertir de que “aún hay posibilidades de dar respuesta a la que se nos viene encima”.

Sin embargo, denunció que “los puestos en las UCIs están al mínimo y cubrirlos requiere un tiempo”, por lo que criticó que después de lo ocurrido en los meses de marzo y abril pasados “los gobiernos autonómicos no se hayan preocupado, algunas más que otras, para poner los medios necesarios para paliar este déficit”.