Más de 26.000 personas, 14.000 de ellas con algún grado de dependencia (datos de 2019), se beneficiarán de la gratuidad de la teleasistencia avanzada, después de que el Consejo de Gobierno tomara en consideración la Proposición de Ley presentada por PP y Ciudadanos que permitirá la regulación de este servicio, su planificación, dirección y establecimiento de criterios comunes, además de la financiación necesaria. Se pretende, de esta manera, garantizar la igualdad en el acceso y contenido de la teleasistencia en todo el territorio de Castilla y León.
La Junta de Castilla y León garantiza por ley que ningún perceptor del Ingreso Mínimo Vital cobrará menos que con la renta garantizada de ciudadanía al permitir compatibilizar ambas, ya que han detectado una media inferior de 207 euros con la primer prestación.
