Solo el 10,69% de la población que vivía en 2019 bajo el umbral de la pobreza de Castilla y León recibe la Renta Garantizada de Ciudadanía, mientras en el conjunto del país la media que atienden las prestaciones autonómicas es del 7,97%. En Navarra y el País Vasco las recibieron más del 60% de las personas en esta situación, mientras que en nueve autonomías ni siquiera una de cada diez.
Según el informe de Rentas Mínimas de Inserción, correspondiente al año 2019, que ha hecho público el Ministerio de Derechos Sociales, la Renta Garantizada de Ciudadanía cubre en Castilla y León a 30.007 personas, de un total de 280.747 personas bajo el umbral de la pobreza. En conjunto, las prestaciones de las comunidades dan cobertura en España a 697.124.
Dos comunidades, País Vasco y Navarra, tienen porcentajes que suponen el 70% y el 63% respectivamente, de su población por debajo del umbral de la pobreza. Le siguen Cantabria y Asturias, donde reciben estas rentas casi una de cada cinco personas bajo el umbral de la pobreza.
La cuantía media por perceptor de las rentas mínimas en el conjunto de España supone el 17,1% de la renta media por hogar en nuestro país. Una cuantía que ha dado un repunte en el último año desde el 13,7% de 2018 al 17,1% de 2019.
Solo otras cinco comunidades superan el 15% (Andalucía, Asturias, Navarra, Castilla y León -15,35%- y País Vasco). Por el contrario, dos autonomías tienen un porcentaje mínimo, Murcia (10%) y Baleares (7,2%).
Finalmente, la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales solicitó al Gobierno que ponga en marcha la pasarela con los 297.183 solicitantes de las rentas mínimas de las comunidades y se integren de manera automática en el Ingreso Mínimo Vital, y a las comunidades que los 1.686 millones de euros que invertían en rentas mínimas, se orienten a la garantía del derecho a la inserción social.
