La Consejería de Familia y la Delegación del Gobierno en Castilla y León firmaron ayer un protocolo de actuación conjunta para la coordinación en violencia de género en la comunidad que permitirá mejorar el intercambio de información con el objetivo de prestar una mayor atención y protección a las mujeres y sus hijos que hayan sufrido maltratos y no denuncien a sus agresores. Se trata de los casos detectados por los Servicios Sociales y las unidades de violencia sobre la mujer de las subdelegaciones del Gobierno pese a no haber materializado la denuncia ni exista orden de protección.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, subrayó que el protocolo suscrito permitirá poder iniciar una intervención “de oficio” cuando la mujer no haya denunciado a su agresor o no ratifique la denuncia. Por su parte, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, consideró “fundamental” detectar los casos que no lleguen a los juzgados y que la intervención “de oficio” y de prevención se haga con todos los recursos, tanto los que pueden prestar para proteger a la mujer y sus hijo como los Servicios Sociales de la Junta. No en vano, recordó de los datos de 2020 en España muestran que de las 36 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, el 83,3% no había denunciado.
