El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Junta de Castilla y León para reclamar las cantidades debidas a la comunidad en la liquidación del sistema de financiación autonómica de 2017 correspondientes al IVA, que suman 182 millones.

Según el Ejecutivo regional, tras su aceptación, el juicio se sustanciará los próximos meses, lo que constituye un paso importante para hacer efectiva la reclamación de la comunidad y cobrar la cantidad a la que Castilla y León “tiene derecho”. El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, remitió en febrero al Consejo de Ministros la reclamación de esta cantidad.