El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, denunció ayer que los criterios que maneja el Gobierno para el reparto de los fondos para financiar a las autonomías el año que viene “van en contra de los intereses” de Castilla y León porque no tienen en cuenta el desafío demográfico y la dispersión, y apuntan al PIB, el paro y la población. Fernández Carriedo analizó el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) virtual celebrado ayer y lamentó que la ministra María Jesús Montero no les informara al detalle sobre los fondos que recibirá la comunidad y hablara de criterios de reparto contrarios a Castilla y León.

Carriedo constató que la ministra les informó “de palabra” de cómo puede ser la financiación del año que viene para elaborar los presupuestos, por lo que esperarán a la documentación por escrito para poder valorar las cifras. “No nos han informado con detalle de los números que llegarán a cada autonomía, por lo que es difícil hacer una valoración sin saber lo que corresponde a Castilla y León y al resto”, advirtió.

El consejero constató que pudieron conocer “cuestiones básicas” sobre el criterio del reparto de fondos que se utilizará y sentenció: “Hemos oído hablar mucho de criterios que van en contra de los intereses de las regiones afectadas por los desafíos demográficos”. En este sentido, Carriedo insistió en que es necesario que estos fondos se distribuyan “bajo criterios relacionados con la dispersión territorial, el envejecimiento de la población y la superficie”.

Sin embargo, lamento que en el encuentro escucharan “mucho” a la ministra su intención de una distribución en función del PIB, de su pérdida como consecuencia de la pandemia, del número de parados jóvenes o de cuestiones relacionadas con la población. “Eso perjudica a nuestra autonomía que ha perdido menos PIB que la media y tienen menos nivel de paro, pero tenemos necesidades estructurales muy importantes relacionadas por el desafío demográfico”, dijo.

En este contexto, recalcó que también incidió en la necesidad de que se produzca un reparto de ayudas europeas y del fondo de resiliencia y recuperación, “con una dotación muy clara con criterios objetivos y transparentes de distribución entre todas las autonomías y que tengan en cuenta los desafíos demográficos”. Al respecto, recalcó que se trata de fondos para cambios estructurales y “el principal al que nos enfrentamos en Castilla y León y otras muchas autonomías es el que tiene que ver con el desafío demográfico”.

DéFICIT DEL 2,2% PARA LAS AUTONOMíAS, DEL QUE HACIENDA ASUMIRíA LA MITAD

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, informó ayer sobre el contenido de la reunión telemática mantenida con los consejeros autonómicos de Economía y Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que recomendó a las autonomías un déficit orientativo del 2,2 por ciento del PIB en 2021, del que la mitad, 1,1 puntos, sería asumido por la Administración central.

En la reunión, la ministra expuso a los representantes autonómicos la decisión de suspender la aplicación de las reglas fiscales en 2021 con el objetivo de facilitar la respuesta a la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia de Covid-19.

Bajo este contexto, esta vez el CPFF no aprobó unos objetivos de déficit y deuda de cumplimiento obligatorio por parte de las administraciones en 2021, sino que Hacienda comunicó las previsiones de déficit que el Gobierno tiene de cara al cierre de 2020 y 2021, así como una tasa de referencia orientativa sobre la que las administraciones territoriales puedan elaborar sus presupuestos de 2021 y calcular el gasto que acometer en un ejercicio en el que estarán libres de cumplir con las reglas fiscales. Montero indicó que en 2021 las comunidades contarán con unas entregas a cuenta de más de 105.000 millones, un nivel similar al de 2020.

Además, las comunidades autónomas contarán con 12.436 millones del fondo europeo “React-EU”.