El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, denunció este lunes que los criterios que maneja el Gobierno para el reparto de los fondos para financiar a las autonomías el año que viene “van en contra de los intereses” de Castilla y León porque no tienen en cuenta el desafío demográfico y la dispersión, y apuntan al PIB, el paro y la población.

Fernández Carriedo analizó el Consejo de Política Fiscal y Financiera virtual celebrado hoy y lamentó que la ministra María Jesús Montero no les informara al detalle sobre los fondos que recibirá la Comunidad y hablara de criterios de reparto contrarios a Castilla y León.

Carriedo constató que la ministra les informó “de palabra” de cómo puede ser la financiación del año que viene para elaborar los presupuestos, por lo que esperarán a la documentación por escrito para poder valorar las cifras. “No nos han informado con detalle de los números que llegarán a cada autonomía, por lo que es difícil hacer una valoración sin saber lo que corresponde a Castilla y León y al resto”, advirtió.

El consejero constató que pudieron conocer “cuestiones básicas” sobre el criterio del reparto de fondos que se utilizará y sentenció: “Hemos oído hablar mucho de criterios que van en contra de los intereses de las regiones afectadas por los desafíos demográficos”. En este sentido, Carriedo insistió en que es necesario que estos fondos se distribuyan “bajo criterios relacionados con la dispersión territorial, el envejecimiento de la población y la superficie”.

Sin embargo, lamento que en el encuentro de hoy escucharan “mucho” a la ministra su intención de una distribución en función del PIB, de su pérdida como consecuencia pandemia, del número de parados jóvenes o de cuestiones relacionadas con la población. “Eso perjudica a nuestra autonomía que ha perdido menos PIB que la media y tienen menos nivel de paro, pero tenemos necesidades estructurales muy importantes relacionadas por el desafío demográfico”, dijo.

En este contexto, recalcó que también incidió en la necesidad de que se produzca un reparto de ayudas europeas y del fondo de resiliencia y recuperación, “con una dotación muy clara con criterios objetivos y transparentes de distribución entre todas las autonomías y que tengan en cuenta los desafíos demográficos”.

Al respecto, recalcó que se trata de fondos para cambios estructurales y “el principal al que nos enfrentamos en Castilla y León y otras muchas autonomías es el que tiene que ver con el desafío demográfico”. Así, sentenció que los fondos deben tener “principalmente ese objetivo y no otros que beneficien a otras autonomías con grandes núcleos urbanos de población”.