El delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, anunció ayer que los ayuntamientos y diputaciones de Castilla y León podrán recibir hasta 407 millones de euros de remanentes de tesorería para gastos generales, en base a las cantidades que acreditaron en 2019, si antes del 15 de septiembre deciden adherirse al fondo de 5.000 millones provisto por el Gobierno central para todo el país en caso de que hoy salga adelante en el Congreso de los Diputados el Real Decreto-Ley 27/2020 de 4 de agosto.

Con esta medida, explicó, el Gobierno central pretende dar solución a un problema generado por el anterior Ejecutivo, desde que estableció la Ley de Estabilidad Presupuestaria en 2012, que obliga a las entidades locales a guardar en los bancos sus remanentes presupuestarias desde entonces, sin posibilidad de invertirlas para cubrir las necesidades de los ciudadanos.

“Si el Real Decreto sale adelante, el Gobierno establecerá un fondo de 5.000 millones para las corporaciones locales que entreguen al gobierno sus remanentes como préstamo”, señaló Izquierdo, que precisó que la participación en el fondo será proporcional a la cantidad de los remanentes que voluntariamente aporte cada entidad en préstamo a la Administración General del Estado, que devolverá íntegro ese dinero en un plazo de 15 años. De la cantidad que decidan aportar, recibirán a cambio “al menos el 35%” (podría superar esa cifra si no todos deciden sumarse). Como ejemplo, Izquierdo apuntó que la Diputación de León cuenta con 169 millones en remanentes, con lo cual podría recibir 59 millones si decide entregar todo al Gobierno, que se lo devolvería en el plazo de quince años. En el caso de la Diputación de Zamora, con 61 millones en remanentes, podría contar con cerca de 22 millones de euros.