El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy miércoles 3 de agosto la orden ministerial de Hacienda que establece el reparto de 2.000 millones de euros a las comunidades autónomas correspondiente al tramo educativo del Fondo COVID, de los que algo más de 84 millones corresponden a Castilla y León. Andalucía, con 383,8 millones es la comunidad más beneficiada, por delante de Cataluña (337,4 millones), Madrid (291,6 millones), Valencia (214,1 millones) y Galicia (92,9 millones).
En la orden publicada hoy en el BOE se explica que el reparto se realiza conforme a dos variables como son la población de 0 a 16 años (80%) y a la población de 17 a 24 años (20%), según las cifras del padrón.
Según informa el Gobierno, los 2.000 millones aprobados hoy se suman a los 6.000 millones ya abonados en julio del primer tramo asociado al coste sanitario de la COVID-19. Esto supone que ya se han puesto a disposición de los territorios la mitad de los recursos de este fondo extraordinario, que supone la mayor transferencia del Estado a las comunidades al margen del sistema de financiación. En concreto, este fondo no reembolsable está dotado con un total de 16.000 millones de euros para financiar el impacto de la pandemia y compensar la reducción de los ingresos autonómicos por la menor actividad económica.
Por otra parte, desde el Ejecutivo se destaca que el segundo tramo sanitario del fondo alcanzará los 3.000 millones y se abonará en noviembre. Los criterios de reparto se basarán en los ingresos UCI (25%); los pacientes hospitalizados (20%); las pruebas PCR totales realizadas (10%); y en la población protegida equivalente (45%). Las variables sanitarias serán las notificadas a 31 de octubre, lo que permitirá evaluar el impacto de la pandemia en los próximos meses para hacer el reparto en función de su impacto.
Por último, el cuarto tramo del fondo está dotado con 5.000 millones de euros y se repartirá en diciembre a las comunidades de régimen común para compensar los menores ingresos por la reducción de la actividad económica. De este tramo se reservan 800 millones que se distribuirán de acuerdo a criterios asociados al impacto presupuestario en el ámbito del transporte público.
