El Grupo Socialista pedirá en el próximo pleno de las Cortes de Castilla y León, previsto para los días 1 y 2 de septiembre, el cierre de los prostíbulos y clubes de alterne de la Comunidad durante esta pandemia para evitar la expansión de los contagios entre los ciudadanos y para proteger a estas mujeres en situación más vulnerables. 

Durante una rueda de prensa, la secretaria general del Grupo Socialista, Patricia Gómez, y la coordinadora de Familia e Igualdad, Nuria Rubio, enmarcaron la proposición no de ley, que se debatirá y votará en el primer plenario de este periodo de sesiones, en la responsabilidad con la salud pública y la convicción para proteger a las personas más vulnerables.

El cierre de estos locales, unos 300 en Castilla y León conforme a datos de 2018, durante esta situación de emergencia sanitaria y social sería el primer paso para acabar con la explotación sexual y la prostitución, aseguró Nuria Rubio. “La prostitución es el rostro más cruel de la feminización de la pobreza”, sentenció la procuradora.

Ambas parlamentarias criticaron la “inacción” y que la Junta “mire para otro lado” cuando la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha planteado el cierre de estos locales y terminar con la prostitución de las mujeres, ya que el 90% de ellas no la ejerce de manera voluntaria y el 60% lo hace por no tener otro recurso, precisó Rubio.

Por su parte, Patricia Gómez afeó al vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, que dijera primero que no existe cuando “es obvio donde se encuentran los club” y que después manifestara que su situación es alegal al no estar registrados en esa actividad, sino como hoteles, hostales u otras categorías.

Gómez defendió que la Junta de Castilla y León puede regular su cierre como han hecho Castilla-La Mancha, País Vasco, Cataluña y Comunidad Valenciana entre las medidas adoptadas para el control del virus, pero aseguró que se trata de voluntad y de trabajar, algo que parece, en su opinión, que "les cuesta trabajar”.

Una vez cerrados estos locales, con independencia de cómo estén inscritos, sería la Junta de Castilla y León quien tendría que proteger a estas mujeres y ofrecerles una alternativa, señaló Patricia Gómez. 

Precisamente, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, anunció el pasado lunes, durante su comparecencia, una vigilancia e inspección rigurosa de los establecimientos en los que se ejerce la prostitución y señaló que, en caso de que fuera regulada por el Gobierno, se adoptarían las medidas en ese sentido.