El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, ubicado en Valladolid, ha sido sancionado con una multa de 10.000 euros por incumplimientos en prevención de riesgos derivados del COVID-19 en sus centros de trabajo. Según informan desde CSIF, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid ha levantado dos actas de infracción al centro por este motivo.
Tras la denuncia presentada por los sindicatos CSIF y UGT, el Servicio de Inspección de Trabajo emitió un informe que determina diversas infracciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales y abre la puerta a los demandantes a la posibilidad de proseguir la denuncia ante los tribunales de lo social y penal.
La Inspección constata la ausencia de evaluación del riesgo de exposición al COVID-19 durante el periodo comprendido entre marzo, inicio del estado de alarma sanitaria, y el 15 de junio, con la consiguiente ausencia de adopción de medidas preventivas para sus trabajadores. Asimismo, certifica que se incumple por parte de la empresa el derecho de participación de los trabajadores en la actividad preventiva, informando y reuniendo a los trabajadores de forma tardía.
Según explican en un comunicado recogido por Ical, la dirección del Centro de Hemoterapia rechazó un primer informe de Riesgos derivados del COVID-19, realizado por el Servicio de Prevención Concertado (ASPY). Como consecuencia de ello, se emitió una segunda evaluación que no se comunica al Comité de Seguridad y Salud hasta el 15 de junio, es decir, cuatro meses después de cuando debería estar realizada la evaluación e implantadas las medidas, pero firmándose con idéntica fecha que la primera evaluación realizada.
La presidenta provincial de CSIF Valladolid, María José San Román, recalca que “parece mentira que todavía haya que luchar por aspectos tan básicos” de la aplicación de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y que se muestre “absoluto desprecio por la salud de sus trabajadores”.
A su juicio, la dirección del centro debería explicar por qué no le gustó el primer informe sobre las medidas preventivas señaladas por el Servicio de Prevención Concertado (ASPY), obligándole a realizar un nuevo informe. “¿Buscaba una rebaja en la protección de sus trabajadores, todo a espaldas de los empleados de los que depende que haya sangre en los hospitales de la Comunidad?”, se pregunta.
Por su parte, Miguel Holguín, secretario regional de Sanidad de la FeSP de UGT Castilla y León, califica de “indignante y temeraria” la actitud de la dirección del centro hacia la salud de los trabajadores y trabajadoras, ante los hechos constatados y sancionados por la Inspección de Trabajo. Desde UGT, se insiste en que la Consejería de Sanidad está obligada a realizar una investigación sobre el asunto, depurar responsabilidades y replantear “de una vez por todas” el cambio de modelo de gestión del Centro de Hemoterapia y Hemodonación, “retornándolo a lo público, ya que actuaciones como las sancionadas demuestran un modo de hacer las cosas que no cabe dentro de la Sanidad Pública de la Comunidad”.
