La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha prestado ayuda desde que comenzó la pandemia a 900 mujeres en la Comunidad en situación administrativa irregular y especialmente “vulnerables” gracias al proyecto “Atrapadas”, que se desarrolla en colaboración con diversas entidades especializadas en la atención a víctimas de trata y prostitución y a las que el Gobierno regional destina una subvención de 200.000 euros. Además, estas mujeres son consideradas en la Comunidad víctimas de violencia de género y tienen acceso a todos los recursos que precisen.

Ahora, con el repunte de casos en este mes de agosto, la Junta ha optado por reactivar de nuevo este programa. Dada la situación de mayor vulnerabilidad generada por la declaración del estado de alarma, la Consejería ha reforzado los recursos ya existentes para atender posibles casos de violencia de género a través de este proyecto.

El programa tiene como objetivo fundamental garantizar la atención integral a estas mujeres en situación administrativa irregular en España y en ocasiones afectadas, además, por el coronavirus, lo que aumenta su situación de vulnerabilidad e impide que puedan acceder a los servicios sociales que prestan las administraciones públicas. Ante esta necesidad, la Gerencia de Servicios Sociales potencia las medidas incluidas en el proyecto.

De hecho, en la actualidad, 350 mujeres, además de los menores que puedan estar a su cargo, reciben ayuda habitacional, de alimentación e higiene y cuidados personales a través de las entidades del Tercer Sector de acción social implicadas en esta tarea con las que trabaja la Junta: la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), Comunidad Adoratrices de Burgos, Congregación Hermanas Oblatas Centro ALBOR, la Asociación de Ayuda al Drogodependiente (ACLAD) y Cáritas Diocesana de Astorga.

Asimismo, las mujeres que se encuentran en situación regular en España disponen de la posibilidad de solicitar ayudas a los servicios sociales de sus respectivas entidades locales, no así en el supuesto de mujeres en situación administrativa irregular que, en la mayoría de los casos, se encuentran atrapadas en pisos o clubes y sin posibilidad de acceso a otro tipo de recurso, debido al desconocimiento de los recursos existentes, las dificultades con el idioma o las limitaciones de movilidad impuestas por el estado de alarma. Además, se pone a disposición de las entidades del Tercer Sector de la acción social que trabajan con estas mujeres un servicio de traducción e interpretación telefónica para víctimas de violencia de género.