El Procurador del Común de Castilla y León tramita una actuación de oficio que inició el 5 de agosto de 2020 en relación al comienzo del curso escolar 2020/2021 y está a la espera del informe que ha solicitado a la Consejería de Educación para adoptar una postura al respecto. “Lo cierto es que el establecimiento de la actividad educativa presencial en los términos que por el momento prevé la Administración plantea la necesidad de revisar todas las medidas dispuestas al efecto para garantizar la máxima seguridad de la población en general”, señala en un comunicado la institución que preside Tomás Quintana.

La actuación de oficio del Procurador del Común está a la espera del informe que ha solicitado a la Consejería de Educación, así como de la evolución de los acontecimientos y de las medidas que están siendo revisadas por las Administraciones implicadas. La institución ha informado de que acumula en estos días grupos de quejas sobre la misma cuestión, que solicitan que la actividad educativa se inicie de forma no presencial.