La Junta de Castilla y León inició ayer la modificación de la Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) para asegurar la cobertura económica mínima que tenían sus preceptores antes de la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), informó ayer la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
Con la publicación ayer en Gobierno Abierto del borrador del anteproyecto de Ley de modificación del texto legislativo de la Renta Garantizada de Ciudadanía, se abre un período, hasta el 10 de agosto, para que particulares, entidades, administraciones y sociedad en general puedan tener participación y aportar sus alegaciones a la modificación de esta Ley.
Según los datos disponibles en la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, desde la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, solo 1.503 familias perceptoras de la RGC han recibido dicha prestación nacional. De ellas, más de 400 han recibido una nómina inferior a la que percibían en la Renta Garantizada de Ciudadanía, incluso inferior a los 461,5 euros establecidos como mínimos del Ministerio.
Ante esta baja cobertura de atención por parte del Estado, la Junta y los agentes del Diálogo Social acordaron que ningún perceptor de Renta Garantizada de Ciudadanía se viera perjudicado económicamente con motivo del Ingreso Mínimo Vital del Estado, motivo por el que se realizó esta modificación cuyo anteproyecto está ahora en manos públicas hasta el 10 de agosto.
El cambio estipula que, quien reciba un IMV menor a la cantidad que percibía anteriormente podrá ser compensando a través de la Renta Garantizada, que se suprimiría en caso de ser igual o superior a la ayuda estatal al tratarse de un complemento de carácter subsidiario.
