El titular del Juzgado de Instrucción número dos de Salamanca, que investiga una supuesta financiación ilegal del PP en Castilla y León con motivo de las elecciones primarias que celebraron en 2017, solicitó ayer al Tribunal de Cuentas información sobre la fiscalización de las cuentas de esta formación correspondiente a ese año y citó a declarar a diez testigos relacionados con el partido la tercera semana de octubre.
En su resolución, el juez se da por informado del fallecimiento de uno de los testigos que debía haber declarado el jueves -Agustín Gómez Vicente, fallecido el pasado mes de febrero-, y cita también a su viuda para que declare en relación con los hechos que en su día denunciado su esposo y que dejó grabados en un vídeo.
El caso se remonta a mediados de junio del año pasado cuando en plenas negociaciones entre el PP y Cs para conformar un Gobierno en Castilla y León, este Juzgado de Instrucción 2 de Salamanca abrió diligencias previas para investigar una denuncia anónima que se refería a la petición de dinero a cargos y asesores del PP para pagar cuotas atrasadas de afiliados que necesitaban regularizar estos pagos para participar en las primarias del PP-CyL en 2017.
Tras el archivo de las diligencias, al considerar que carecían de “tipicidad penal”, el Foro de Izquierdas-Los Verdes recurrió en abril ante la Audiencia Provincial, que ordenó al Juzgado de Instrucción que volviera abrir el caso.
