La Consejería de Empleo e Industria publicó ayer en el Boletín Oficial de Castilla y León un extracto de las órdenes de convocatoria de las ayudas dirigidas a trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Ertes), dotada con un crédito de seis millones de euros, y a autónomos que retoman su proyecto tras el cese de actividad con motivo del COVID-19, que cuenta con una dotación de cinco millones. Se trata de los dos últimos programas de incentivos pendientes de convocatoria, dentro del paquete de medidas extraordinarias diseñado en el marco del Diálogo Social para mitigar el impacto económico y social de la crisis.

En el caso de la primera línea, los incentivos tienen por objeto contribuir a compensar la pérdida de poder adquisitivo de quienes más tiempo han sufrido la suspensión de su contrato o la reducción de su jornada como consecuencia de la emergencia del coronavirus.

A ellas pueden optar trabajadores con una base de cotización de hasta 1.600 euros, que pertenezcan a empresas con una plantilla de hasta 250 empleados y se hayan visto inmersos en un ERTE por causa de fuerza mayor durante un periodo mínimo de 45 días y un máximo de 90. El importe de este complemento económico de carácter autonómico queda establecido en siete euros por jornada completa en regulación.

Los interesados pueden presentar su solicitud a partir del 3 de agosto y hasta el día 17 de ese mes en cualquier registro oficial y también por vía telemática, a través de la sede electrónica de la administración de la comunidad. Empleo ha habilitado una plataforma informática específica para agilizar la tramitación de los expedientes, y prestará soporte telefónico y por correo electrónico a los potenciales beneficiarios.

Ayuda a desempleados

La Consejería de Empleo e Industria ha convocado una línea de ayudas dotada con tres millones de euros, cofinanciados con el Fondo Social Europeo, para promover iniciativas de emprendimiento entre las personas desempleadas. La normativa reguladora fija incentivos de entre 3.000 y 10.000 euros para apoyar a los nuevos autónomos en la puesta en marcha de su negocio propio. Los apoyos gestionadas por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León financian el inicio de actividad, ayudando al autónomo a afrontar los primeros gastos, por ejemplo, por la compra de mobiliario, equipamiento y acondicionamiento del local o la adquisición de maquinaria. También son subvencionables los costes derivados de la contratación de servicios externos precisos para el desarrollo del negocio, así como la formación relacionada con la dirección, la gestión empresarial y la implementación de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. El objetivo del gobierno regional es motivar a las personas desempleadas que tienen espíritu empresarial a establecerse por cuenta propia y acompañarles en ese proceso con este programa de incentivos, con los que se prevé promover más de 500 iniciativas de autoempleo.

“EL DIÁLOGO SOCIAL SEGUIRÁ AVANZANDO”, SEGÚN EL CONSEJERO IBÁÑEZ

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, garantizó ayer que “el Diálogo Social seguirá avanzando” por ser uno de sus “compromisos ineludibles”, y que la voluntad es que en septiembre se retomen las reuniones periódicas en comisión permanente, según indicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Por su parte, la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale) y los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) consideran “consumado el atropello” al Diálogo Social en la comunidad que, a su juicio, comete la Junta de Castilla y León con la publicación ayer de las convocatorias de ayudas a los trabajadores en ERTE y a los autónomos que reinician su actividad.

Según la patronal y los sindicatos, la Junta “incumple, de forma muy grave, los compromisos adquiridos en los procesos de diálogo social tripartito en la comunidad” con respecto a las medidas extraordinarias, en favor de trabajadores, autónomos, empresas, familias y personas vulnerables, que se alcanzaron el pasado 25 de marzo, informaron patronal y sindicatos a través de un comunicado conjunto.