La Junta de Castilla y León considera que la comunidad se encuentra en una “posición de deuda” que no cubre el primer reparto del fondo COVID-19 de Gobierno central, que se eleva a 349,156 millones. Esta partida sale de sumar 110 millones que se han detraído a la comunidad al cambiar los criterios de reparto que la “han perjudicado”, al no tenerse en cuenta ni la dispersión geográfica ni el peso de la población mayor de 65 años, a lo que el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, unió ayer los 182 millones que la Junta sigue reclamando al Gobierno por la liquidación del IVA de 2017 y del resto de fondos asimilados, y los 80 millones que el Ejecutivo “ha quitado a la comunidad” en planes de formación.

“Todavía estamos en una posición de deuda, ni siquiera ha cubierto lo que se debería a Castilla y León”, sentenció Ibáñez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

En todo caso, Ibáñez confía en que la Junta pueda defender sus intereses para no estar “en situación de desventaja” y pedir que en la próxima Conferencia de Presidentes, que podría celebrarse la próxima semana, el líder del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, pueda lograr que se reconduzcan estos criterios del reparto del fondo nacional. Porque, dijo, estos fondos prestan servicio a los castellanos y leoneses y son para epis, extensión de las ucis, para la contratación de hasta 4.000 sanitarios y 500 rastreadores. “Estamos viendo que las cifras son ciertamente negativas para nuestra comunidad”. También, confió en que la reunión sirva para conocer el escenario de estabilidad presupuestaria para los próximos años, en el que está previsto un incremento del déficit