El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, defendió ayer un Diálogo Social "en beneficio de los castellanoleoneses y no en favor de quienes participan en él", en referencia a la patronal y los sindicatos. "Es una herramienta útil y ha tenido muy buenos resultados en la comunidad, pero el diálogo social debe servir a los ciudadanos, no a quienes están en él, sino a los ciudadanos", reiteró, preguntado por la afirmación de la consejera de Economía y Empleo, Carlota Amigo, de que es necesario "repensar" esta figura, recogida por ley.

A juicio de Igea, los acuerdos alcanzados en el seno del Diálogo Social deben "repercutir en la sociedad" y consideró que "algunas cosas ya están cambiando". En este sentido, citó un reciente informe de la Inspección Laboral de Servicios sobre los cursos de formación. "Hemos trasladado este mensaje a los agentes sociales y económicos y estoy seguro de que lo entenderán", deslizó.

Por otro lado, el vicepresidente de la Junta y portavoz, Francisco Igea, insistió ayer en que Castilla y León es la comunidad con el complemento más alto para pagar los ERTE de España y solo otras dos, La Rioja y Extremadura, cuentan con este tipo de apoyos, pero hasta un máximo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Igualmente, el Consejo de Gobierno conoció, según informó ayer la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, que se analizarán las "disfunciones" planteadas para los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía y el Ingreso Mínimo Vital, una vez que se ha evidenciado que "en algunos casos se solapan". "Se cambiará la norma para evitar que las familias dejen de percibir la prestación por esta disfunción y que está firmado en el Pacto por la Recuperación Económica de Castilla y León", recordó.