El Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid que investiga la denominada "Operación Ignis", centrada en el grupo funerario El Salvador por los supuestos desmanes a lo largo de dos décadas, entre ellos el "cambiazo" de ataúdes caros por otros mucho más baratos antes del proceso crematorio, retomó la actividad ayer tras la pandemia con la toma de declaración a un trabajador.
Se trata de la primera declaración que se produce tras la supresión de la actividad por el COVID-19 y supone la continuidad así de las investigaciones de este caso, que ha supuesto ya la toma de declaración a numerosos empleados del grupo funerario.
Esta citación se produce después de que la juez instructora haya acordado prorrogar la investigación judicial por espacio de otros 18 meses, una decisión que estima la petición formulada por el Ministerio Fiscal, sustentada en el amplio lapso temporal que comprenden los hechos que pudieran tener relevancia penal y el considerable número de investigados y afectados; el hecho de que estén pendientes de realización los informes sobre el material intervenido en las instalaciones de las empresas, y la previsión de que sea necesario realizar nuevas diligencias a raíz del resultado de las aún pendientes.
La causa, declarada compleja por auto de 18 de febrero de 2019.
