El Consejo de Gobierno autorizó ayer la concesión de dos paquetes de subvenciones por un importe total de 5,16 millones de euros para que los municipios de más de 5.000 habitantes incentiven la contratación de 408 perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía.
Según informó ayer el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, el objetivo de esta medida es favorecer la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión, que se dedicarán a ejecutar obras y servicios de interés general. Asimismo, la Consejería de Empleo e Industria anticipará el 50 por ciento de la cuantía de las ayudas aprobadas ayer.
La II incluye entre sus ejes el fomento de la contratación a través de diversos programas que se desarrollan de la mano de las entidades locales. Algunos de ellos se dirigen específicamente a promover la inserción de determinados colectivos, que por circunstancias personales y sociales tienen más dificultades para encontrar un puesto de trabajo.
Estas dos subvenciones aprobadas se enmarcan en la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación 2016-2020. La primera de ellas, con un importe máximo de 3 millones de euros, financia una parte de los costes salariales y de Seguridad Social derivados de la contratación temporal de beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía, con una previsión de 300 contratos.
La asignación de la ayuda para cada entidad se realiza en función de dos criterios: la media de parados registrados en el municipio en el último ejercicio cerrado y el número de personas censadas que perciben la citada prestación. Los apoyos se inscriben en la Estrategia de Empleo Rural y Local, incluida en el Plan Anual de Políticas de Empleo para 2020.
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha acordado la adhesión de la Comunidad al Compartimento de Facilidad Financiera por valor de 378,9 millones de euros para cubrir las necesidades de financiación correspondientes al tercer trimestre de 2020. La Junta contará con recursos financieros para atender las necesidades de liquidez en un contexto de crisis causada por el COVID-19. En cuanto a las condiciones financieras, se trata de una operación a un plazo de 12 años (cuatro años de carencia y 8 de amortización) y el tipo de interés será el del rendimiento medio de la Deuda del Estado a plazo equivalente. Esto supone un ahorro en gastos financieros respecto del coste que le correspondería asumir a la comunidad si optara por acudir a los mercados financieros. En julio de 2019, la Consejería de Economía y Hacienda solicitó la adhesión de Castilla y León al Fondo de Facilidad Financiera para cubrir las necesidades de endeudamiento para 2020, al cumplir la comunidad los requisitos y tras considerar los potenciales beneficios.
