El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez de Vega, reclamó ayer a las Cortes una mayor sensibilidad presupuestaria para la institución, que también es Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, para hacer frente al incremento previsible de la actividad derivada de la pandemia del COVID-19.

Sánchez de Vega, que compareció ante la Comisión de Presidencia de las Cortes, para presentar la Memoria Anual de 2019, indicó que se producirá un "aluvión" de reclamaciones patrimoniales en materia de sanidad y una "explosión" de recursos por la ejecución de contratos suspendidos. Al respecto, advirtió de las consecuencias que podría tener la decisión de dejar en manos de los tribunales administrativos determinadas reclamaciones contractuales para evitar el "colpaso" de la justicia.

Además, explicó que la institución posee determinadas particularidades, siendo la que cuenta con las más amplias atribuciones que se le confieren a un órgano de este tipo en España , menos consejeros, un número comparativamente reducido de empleados públicos, y un presupuesto de los más limitados teniendo en cuenta sus competencias.

Por otra parte, los grupos parlamentarios de las Cortes expresaron ayer su disposición a iniciar una reforma de la Ley del Consejo Consultivo y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales para actualizar la normativa, incorporar a los dos órganos en la misma regulación e incorporar aspectos como las multas ante recursos con "finalidad espuria", como planteó el PSOE y consideró conveniente el presidente de la institución, Agustín Sánchez de Vega