El pacto por la recuperación económica y social de la pandemia suscrito por la mayoría de fuerzas políticas en Castilla y León ha sido la guía de las propuestas de resolución aprobadas en las Cortes en la segunda jornada del debate de política general de la comunidad.
De este modo, las resoluciones aprobadas este miércoles en las Cortes han quedado prácticamente circunscritas a lo pactado entre PSOE, PP, Cs, Podemos y Por Ávila en el pacto de Comunidad, que rubricaron hace justo dos semanas, ya que estas han sido las propuestas efectuadas por los dos grupos que sustentan al Gobierno -PP y Cs-, mientras que la mayoría de iniciativas realizadas por el resto de grupos han sido rechazas precisamente por estas dos formaciones.
De este modo, además de las sesenta medidas presentadas por el PP y Cs, las Cortes han probado otras 14 propuestas de la oposición, como la de extender las gratificaciones a los profesionales que han combatido el COVID a los trabajadores dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades -además de los de Sanidad- o la de remitir al Gobierno de España el posicionamiento favorable de la candidatura de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, a la presidencia del Eurogrupo, propuestas del PSOE.
Como ha defendido el procurador del grupo Popular Salvador Cruz, el motivo de presentar en la Cámara muchas de las medidas ya acordadas en el pacto ha sido el de "dar la oportunidad" de apoyar estas iniciativas a los grupos que no se adhirieron al acuerdo, al tiempo que ha vuelto a tender la mano a la oposición para hacer extensible este pacto a un acuerdo presupuestario. En materia sanitaria, las resoluciones aprobadas han instado al Ejecutivo autonómico a crear un nuevo modelo de Atención Primaria en la Comunidad y de ordenación sanitaria, así como a aumentar el gasto sanitario hasta situarlo, al menos, en un siete por ciento del PIB autonómico.
En materia económica, las Cortes han instado a la Junta a aplazar el pago de los impuestos autonómicos, así como a suspender la tramitación de la bonificación al 99 por ciento del impuesto de donaciones y sucesiones. Asimismo, las propuestas han instado a poner en marcha mecanismos de transparencia, evaluación y rendición de cuentas de ayudas y subvenciones para la reactivación económica, la creación de empleo y a desarrollar un nuevo plan de promoción industrial. Finalmente, otras medidas incluidas en esta resolución pasan por implementar el Ingreso Mínimo Vital en la comunidad.
