Cuatro leyes y otras tantas estrategias, dos decretos, cuatro cinco planes de actuación, dos programas, la creación de dos oficinas y la oferta de dos pactos, uno de ellos presupuestario al conjunto de la oposición. Estos son algunos de los hitos en el camino de la toma de decisiones de su gobierno para los próximos meses que desgranó el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en su primer debate de política general y que, en muchos casos, recogen ya la hoja de ruta que marcó el acuerdo por la reconstrucción del pasado 17 de junio y en otros retoma la senda que el coronavirus interrumpió en marzo.

Por novedoso, la oferta a la oposición de negociar un acuerdo para los presupuestos del próximo año centró el contenido del debate, en el que Fernández Mañueco deslizó también la necesidad de acordar un marco estable y equilibrado para la Cadena Alimentaria, un proyecto que proviene de la anterior Legislatura y cuyo desarrollo está encontrando muchas dificultades.

El jefe del Ejecutivo citó cuatro leyes, cuya andadura es desigual: la de transparencia, en proceso de participación ciudadana; la del tercer sector, que espera aprobarse antes de fin de año; la de ciencia, sin fecha aún y la de atención residencial, que se estructura a partir del resultado de las negociaciones abiertas recientemente para la reforma del modelo asistencial de la Comunidad derivadas del pacto de reconstrucción.

Dos decretos retomarán su tramitación en las próximas semanas después de la parálisis que supuso la COVI-19: el de concertación social y el que determinará el mapa de ordenación del territorio. Tres de las cuatro estrategias que cito el presidente de la Junta también verán la luz en poco tiempo dado que se encuentran en fases de consulta ciudadana, las de Cambio Climático, la de Economía Circular y la de Bioeconomía, mientras que la cuarta, la de emprendimiento e innovación, está a expensas de su debate en el Diálogo Social.

En el capítulo de planes, el paso también lo marcan los acuerdos de reconstrucción: a partir de él se deben poner manos a la obra para un Plan de Inversiones Sociales Prioritarias 2021-2025 y un nuevo Plan de Promoción Industrial. También figuran en este apartado un plan de reactivación del comercio y un nuevo plan de formación profesional, así como un plan industrial de Ávila cuyos trabajos de redacción se encuentran en las últimas fases.

Fernández Mañueco anunció también un novedoso programa de retorno al mercado laboral de las mujeres que hayan hecho un paréntesis en su trabajo para el cuidado de menores o de mayores y la iniciativa de completar la implantación en todas las provincias del programa Stem Talent Gir, dirigido a mujeres jóvenes.

Dos nuevos organismos públicos, vinculados a la Consejería de Transparencia que dirige el vicepresidente Francisco Igea, verán la luz también próximamente: una agencia para la prevención y lucha contra el fraude y otra para la evaluación de las políticas públicas y la calidad de los servicios, si bien en este último caso desde este departamento se había estudiado colaborar con la agencia nacional en aras a su eficacia.

El debate del Estado de la Comunidad, como se le conoce popularmente, dio también para algunos anuncios en infraestructuras: la oferta de la Junta de poner fondos propios en el plan nacional de extensión de banda ancha para su agilización y el anuncio de acuerdo inmediatos con las diputaciones para desarrollarlo; la culminación de la conexión digital de los centros escolares; obras en diversos hospitales; la reafirmación del compromiso de extender la radioterapia a todas las provincias tras el proyecto de Ávila ahora en supervisión y hasta el apoyo al Museo de la Semana Santa de Zamora.

Otras infraestructuras citadas son las necesarias para depurar las aguas de todos los pueblos entre 500 y 2000 habitantes equivalentes, cuya planificación se cerrará antes de fin de año; la eliminación esta legislatura de todas las escombreras; la reiteración del compromiso de llegar a 30.000 hectáreas de regadío modernizadas y la repoblación de otras 15.000 hectáreas.

El presidente de la Junta anunció tres líneas de ayudas; 12,3 millones para familias vulnerables (en agosto), la convocatoria en julio de subvenciones a la vivienda por 15,3 millones y bonificaciones para mayores y jóvenes en el transporte rural hasta hacerlo casi gratuito.

Por último, el jefe del Ejecutivo autonómico formuló o recordó otros compromisos: convocar, tal y como se acordó en el pacto de reconstrucción, la Conferencia de la Sociedad de Castilla y León; un acuerdo de la Junta para el desarrollo de la Agenda 2030 de sostenibilidad; la convocatoria de 1.400 plazas de profesorado en Educación paralizadas por la COVID-19, un aumento de la cobertura de la vacunación de la gripe este otoño y el pilotaje de un proyecto de teleasistencia avanzada.

Asimismo, reiteró su idea de suprimir "cuando las circunstancias económicas lo permitan", el impuesto de sucesiones y donaciones, cuyo mantenimiento figura en el pacto de reconstrucción y anunció que en el primer mes del próximo periodo de sesiones (septiembre) estará listo el informe sobre la incidencia y la prevalencia del COVID-19 en las residencias de la Comunidad. Del grado de satisfacción con que este estudio sea acogido por la oposición dependerá que estos partidos soliciten una comisión de investigación en las Cortes sobre la gestión que la Junta ha hecho de la pandemia en las residencias de ancianos.