El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número tres de Valladolid ha admitido las medidas cautelares solicitadas por la Asociación Española de Abogados Cristianos y obliga a la Diputación de Valladolid a retirar la bandera LGTBi colgada en su fachada.
La organización de juristas ha presentado además una querella por prevaricación contra el presidente de la Institución, Conrado íscar, por colgar en la fachada del edificio de la institución provincial la bandera arco iris en contra de lo que dicta el Tribunal Supremo.
Además, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha solicitado la dimisión de Íscar y anuncia que “en los tribunales pediremos su inhabilitación”. Castellanos asegura que “si no es capaz de cumplir una sentencia del Supremo, es que no está capacitado para ser presidente de una Diputación como la de Valladolid”.
Por último, la presidenta de Abogados Cristianos recuerda que “una sentencia reciente del Alto Tribunal prohíbe la utilización de banderas no oficiales en el exterior de edificios públicos”. Insiste en que “se trata del mismo caso que con las banderas independentistas. No se puede permitir que una administración coloque una bandera que sólo representa a una parte de la ciudadanía”, afirmó.
