Un juzgado de Valladolid investiga la interrupción de una celebración religiosa en la Catedral

El Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid abre diligencias previas por la interrupción de una celebración religiosa en la Catedral de Valladolid el pasado 22 de marzo, después de que la Asociación Española de Abogados Cristianos presentara una denuncia contra el delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, como responsable de un posible delito de la suspensión del culto, recogido en el artículo 523 del Código Penal. No en vano, consideró que los policías que llevaron a cabo la operación actuaron cumpliendo sus instrucciones.

La organización de juristas, que defiende en el ámbito jurídico los valores inspirados en el cristianismo, explicó que el propio Real Decreto por el que se declara el estado de alarma por la crisis sanitaria del COVID-19 dice textualmente en su artículo 11 que “la asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro”.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, defendió que en el Real Decreto hay un anexo en el que se detalla de forma exhaustiva la relación de equipamientos y actividades cuya apertura al público queda suspendida, entre las que no se encuentran las iglesias u otros lugares de culto análogos.

Castellanos recordó que el caso de Valladolid no es único porque la asociación ya ha presentado más de una decena de denuncias en distintas partes de España por actuaciones similares. Precisó, por ejemplo la interrupción de una celebración en la Catedral de Granada y recordó que se han abierto diligencias por otros casos similares en Murcia y Madrid.

“Consideramos que estas interrupciones de ceremonias religiosas que han tenido lugar durante el estado de alarma son un abuso por parte del Gobierno, que está utilizando la situación para imponer su agenda laicista”, aseveró. Hasta el punto, de que habló de una "persecución religiosa”.