El Consejo de Cuentas de Castilla y León elabora un informe de fiscalización sobre el resultado de las medidas puestas en marcha contra la despoblación en la comunidad que prevé presentar en tres meses en las Cortes y que será “pionero” en España, además se plantea la posibilidad de analizar ya en clave de futuro los fondos a la minería.

Así lo avanzó el presidente de esta institución, Mario Amilivia, en una comparecencia después de entregar al presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, la Memoria de actividad de 2019, marcada por el inicio de mandato tras la renovación en el Consejo de Cuentas y por la aprobación de 19 informes y del Plan Estratégico 2019-2022.

“Igual se ha hecho poco de lo previsto”, deslizó Amilivia a preguntas de los periodistas en relación al contenido del informe que se elabora sobre el reto demográfico y fenómeno de la despoblación en el que se recogerá el impacto de las medidas aplicadas a través de la Agenda de la Población, aprobada por la Junta en mayo de 2010, y las acordadas por consenso de los grupos de las Cortes en 2005.

El presidente del Consejo de Cuentas precisó que ese informe, del que destacó su “utilidad” y que será “pionero” en España, se encuentra en fase de elaboración y prevén que en tres meses se pueda presentar en las Cortes. También, se analizarían los fondos de convergencia o por qué no se ha puesto en marcha el Plan Plurianual de Convergencia Interior, recogido en el Estatuto de Autonomía.

Por otro lado, manifestó que la institución se plantea la posibilidad de una fiscalización de los fondos a la minería y avanzó que mantendrán reuniones con la Cámara de Cuentas de Aragón, que se desarrollarán en Soria y Teruel, para analizar y conocer cómo ha hecho esa institución la fiscalización de las ayudas a la minería en su comunidad.

No obstante, reconoció que el informe sobre los fondos Miner realizado por el Tribunal de Cuentas de España es “claro y nítido” sobre el escaso impacto de esas ayudas a la reactivación de las cuencas , por lo que afirmó que el Consejo de Cuentas “no tendría nada que aportar”, pero sí consideró que pueden fiscalizar futuros fondos, entre ellos los que lleguen para la transición justa.

El Consejo de Cuentas ha orientado las fiscalizaciones de sus planes anuales hacia temas de interés prioritario como la sanidad, educación y prestaciones sociales, el reto demográfico y el cambio climático, destacó su presidente, que calificó de “intensa” la actividad centrada en los 19 informes en 2019.

Otro elemento que destacó Amilivia, pero también Luis Fuentes, es que el Consejo de Cuentas fiscaliza un total de 15.000 millones ejecutados por las administraciones autonómica y locales y la rendición de cuentas por parte de 4.750 entidades de la Comunidad Autónoma.