El delegado del Ejecutivo central en Castilla y León, Javier Izquierdo, defendió hoy que “los problemas del campo son una prioridad absoluta para el Gobierno de España” y constató que el real decreto aprobado ayer para mejorar los precios que perciben estos profesionales constituye solo un “primer paso” dentro de una “estrategia” de apoyo al sector.
Izquierdo eligió a las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León (Asaja, UCCL, UPA y COAG) para mantener su primer encuentro de trabajo desde que tomó posesión del cargo, por la “importancia y el papel” que desempeña el sector en la comunidad.
Javier Izquierdo ensalzó el “papel del hombre y la mujer en el campo” y aseguró que el sector agrario y ganadero “es un valor” de Castilla y León porque “aporta economía, bienes alimentarios con garantías sanitarias, fija población, lucha contra el cambio climático y sostiene el medio ambiente”.
El delegado afirmó que el sector agrario es “un aliado” en la lucha contra el cambio climático, porque constituye un “sumidero de carbono” y reduce los niveles de dióxido de carbano en la atmósfera. Asimismo, remarcó su apuesta por la adaptación a energías renovables bajo el reto de llegar a 2050 con una sociedad neutra en gases invernadero.
Javier Izquierdo repasó las medidas para lograr la suficiencia de renta y unos precios justos aprobadas ayer y sustanció que el real decreto obliga a incorporar en los contratos para fijar los precios, los costes de producción bajo indicadores objetivos públicos. Asimismo, adopta medidas para que no se trasladen los riesgos de comercialización a los productores y para eliminar las ventas a pérdidas, y establece sanciones para la distribución que incumpla las medidas.
El delegado asumió que estas medidas “no resolverán” los problemas del sector “de la noche a la mañana” pero contribuirán a poner en una posición de mayor equilibrio a los profesionales del campo, y que puedan lograr precios justos y la viabilidad de sus explotaciones.
El delegado del Gobierno también destacó las medidas aprobadas para para facilitar el relevo generacional y comentó que si hasta ahora, la declaración de las ayudas para iniciar una explotación se debían declarar en el IRPF del año en el que se recibían, a partir de ahora se podrán diferir durante cuatro años.
