Mañana martes será un día grande para Castilla y León con la celebración del XXXVII Aniversario del Estatuto de Autonomía, pero también una fecha señalada para el sector de la discapacidad en la Comunidad. No en vano, el Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en Castilla y León recibirá la Medalla de Oro de las Cortes, por ser un "instrumento fundamental" para llevar a la sociedad la realidad de las personas con discapacidad y sus familias, trasladando una imagen ajustada, que evite estereotipos y prejuicios, y "estimulando" la toma de conciencia y la percepción social respecto de las personas con discapacidad. El actual presidente de la entidad, Juan Pérez, que será el encargado de recoger la más alta distinción de la comunidad, asegura a la Agencia Ical que es un reconocimiento que visibiliza al 11% de la población de Castilla y León que tiene alguna discapacidad.

¿Considera que se han dado suficientes pasos para alcanzar una sociedad realmente más justa?

Se han dado muchos pasos, pero queda mucho todavía. En esta comunidad, que es un referente para otros territorios en materia de discapacidad, fuimos la primera en 2012 en contar con una Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad. Fue un paso extraordinariamente importante. Además, se ha avanzado mucho en la sensibilización de la sociedad y la consecución de derechos con las administraciones.

¿Se han superado esos prejuicios y estereotipos o queda aún mucho por hacer?

En gran parte, sí. Mirar a las personas con discapacidad desde un plano de normalidad y eliminar los estereotipos es fundamental. Cuando no tengamos que volver la mirada ante la presencia de una persona en silla de ruedas o con algún tipo de discapacidad habremos conseguido la normalización total.

¿Llega tarde este reconocimiento? No en vano, el sector representa al 11% de la población de la comunidad y las entidades que lo integran atienden a 22.000 personas y cuentan con 6.000 empleados.

Los datos son, a veces, importantes para situar bien las cosas. No todo el mundo conoce lo que mueve el sector de la discapacidad. Ahora que se habla de fijar población en el territorio, hay que recordar que casi la mitad de la actividad de nuestras entidades se realiza en el medio rural. Allá donde hay una entidad, viven las personas atendidas y sus familias y los empleados. En algunos lugares, nuestras asociaciones son las empresas más grandes de la localidad. Por lo tanto, somos un colectivo muy a tener en cuenta, sin mencionar la aportación del sector social y de la discapacidad al PIB regional, con los 500 centros especiales de empleo que dan empleo a más de 6.000 personas.

¿De qué manera puede el sector a fijar población en Castilla y León?

Ayudamos a fijar población, por que somos unos aliados naturales y perfectos ante una situación tan dramática como es la despoblación. No en vano, llevamos los servicios allá donde están las personas y atendemos, casi por puerta, a la dependencia severa, enfermos crónicos y terminales para que vivan en su casa hasta el final de su vida.

Desde el inicio del año, llevan a cabo reuniones con los diferentes consejeros de la Junta. ¿Cuál es el mensaje que repiten en estos encuentros?

Queremos hacerles ver que somos sus aliados naturales y colaboradores. Que vamos a proponer cosas que benefician a todos, por lo que es un enriquecimiento de la sociedad.

Han pedido un marco jurídico que dote de la necesaria estabilidad económica a la prestación de servicios de atención especializada a las personas con discapacidad. ¿No es suficiente con el 0,7% del IRPF destinado a fines sociales?

Aún no existe esa estabilidad. El 0,7% del IRPF permite hacer muchísimos programas pero no es un marco estable de financiación. Puede que un día el sistema tradicional de reparto del IRPF salte por los aires, en función del gobierno de turno. Además, las asociaciones se financian en gran parte a través de los servicios que prestan en plazas concertadas y ayudas vinculadas.

¿Y qué proponen?

En la actualidad, no tenemos blindada la financiación. De ahí, que tratemos de conseguir unos recursos económicos mínimos que van a llegar al ámbito social de la discapacidad, más allá del color político de quien gobierne la Comunidad. Dar estabilidad a las entidades para desarrollar programas y proyectos es fundamental. El marco estable de financiación es garantía de continuidad y sostenibilidad de las entidades. Además, esos recursos públicos siempre tienen retorno social porque la administración nunca pone dinero en una especie de cesta donde se va el agua.

¿Ha solicitado Cermi una mesa de Diálogo Social por no sentirse suficientemente representados por la patronal y los dos grandes sindicatos?

Más que una mesa de Diálogo Social, que está perfectamente estructurado, reclamamos una de Diálogo Civil. Apostamos por crear una mesa estable o una comisión permanente en las Cortes para que Cermi trabaje, codo con codo, con las administraciones y exponga sus demandas. A veces, comparecemos en las comisiones de las Cortes para informar de lo que hacemos, pero nos gustaría participar en las decisiones que se tomen desde el punto de vista legislativo en materia social y de discapacidad.

¿El empleo en la empresa ordinaria es el gran asunto pendiente de abordar?

Es un reto importante, lo que motiva a continuar con la labor de sensibilización para que las empresas entiendan que es positivo dar oportunidades laborales a personas con discapacidad porque el empleo es la mejor forma de inclusión y clave para que ese individuo tenga un proyecto de vida.

¿Comparten el deseo de la consejera de Educación de adaptar el proyecto curricular del alumnado con discapacidad para que obtengan una titulación que les permita acceder a un puesto de trabajo?

Es un gran caballo de batalla. Queremos hacer ver a la Consejería de Educación lo importante que es que nuestra gente titule, porque es un requisito para acceder a cualquier puesto de trabajo. Para que las personas con discapacidad obtengan un título, hay que adaptar el temario y el currículo a sus necesidades.

¿Por qué no se ha hecho hasta ahora esa adaptación del currículo?

Por falta de medios. Todos los modelos educativos que tenemos se canalizan, de forma muy clara, en los centros de educación especial. Pero no están preparados para titular a la gente en materia de formación profesional. Al final, nuestros alumnos tienen que ir a colegios ordinarios con adaptaciones pero esto cuesta mucho por las limitaciones presupuestarias, de apoyo y de personal docente.

¿De ahí, su demanda de la educación inclusiva?

Sí. La educación inclusiva es un mandato de la propia Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Hubo una efervescencia fuerte en la comunidad con la Plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También, pero no tenemos nada contra los centros especiales. La familia con un hijo con necesidades educativas especiales puede llevarlo a un centro de educación especial u ordinario. Pero, teniendo esa posibilidad, hay que propiciar los medios necesarios para que la educación pueda ser inclusiva. Es decir, no demonizamos los centros de educación especial pero pedimos explorar la vía de la integración de las personas con discapacidad en colegios ordinarios

¿Es adecuada hoy la formación que recibe el alumnado con discapacidad?

Creo que necesitamos mucho más. Lo que tenemos no ha evolucionado mucho en el tiempo y queremos producir esa necesaria transformación de los centros de educación especial en centros de educación inclusiva. Pero, insisto, con todas las garantías posibles. Mientras no se produzcan, no podemos pedir el cierre de los centros especiales. Además, algunas entidades del ámbito de Cermi tienen colegios de educación especial y, por consiguiente, no podemos ir en contra de estos centros.