21 de febrero de 2020
21.02.2020

El juzgado investiga las subvenciones de formación para el empleo entre 2014 y 2019

La sala de lo Contencioso-Administrativo analiza además otras cuatro líneas concretas de ayuda

21.02.2020 | 13:06
Una sesión de las Cortes de Castilla y León.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid investiga por un delito de "prevaricación administrativa" por la vía penal al Servicio Público de Empleo (Ecyl) y a determinadas entidades de formación como consecuencia de la gestión de los programas de subvenciones públicas de los años 2014 a 2019 para la financiación de la oferta de Formación Profesional para el Empleo. Además, la sala de lo Contencioso-Administrativo analiza otras cuatro líneas concretas de ayuda vinculadas a las bases reguladoras o convocatorias de subvenciones de políticas activas de empleo.

Así lo ha explicado durante su comparecencia en la Comisión de Empleo e Industria de las Cortes la gerente del Ecyl, Milagros Sigüenza, quien acudió a petición del Grupo Ciudadanos. En ella, explicó que el expediente que se encuentra en la vía penal, cuya denuncia corresponde al Ministerio Fiscal, se refiere a programas dirigidos a trabajadores desempleados y ocupados, así como a la línea de subvención de orientación, formación e inserción (OFI).

A juicio de la gerente, estos recursos suponen una cifra "especialmente escasa", dado que el Ecyl tiene más de 70 líneas de subvenciones. Continuó que, en el ámbito de lo Contencioso-Administrativo, se encuentran a la espera de sentencia las bases reguladoras de las subvenciones del Programa de Orientación, Formación e Inserción (OFI), y en concreto lo relativo a los criterios de valoración sobre la experiencia formativa y los recursos humanos de las entidades solicitantes de la subvención; las subvenciones para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo; y las del programa de formación para desempleados (FOD) para los años 2019 y 2020.

En todo caso, destacó la "escasa litigiosidad" del Ecyl, tanto en vía administrativa como contenciosa. A modo de ejemplo, citó que en 2018 (último año con la memoria de actuaciones ya cerrada), se dictaron 11.434 resoluciones administrativas susceptibles de recurso en materia de formación profesional para el empleo. De ellas, se presentaron 142 recursos, de los cuales 97 fueron administrativos y 45, contenciosos. Es decir, la tasa de litigiosidad se situó en el 1,24%.

"Tenemos controles antes, durante y después de realizarse las acciones formativas", explicó Sigüenza, quien reiteró el gran trabajo de los cerca de mil trabajadores del Ecyl y pidió respeto a la presunción de inocencia.

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