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El posible perjuicio económico para las arcas autonómicas por la supuesta venta ilegal de todoterrenos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, que iban a ser destinados al desguace, se ha calculado en cerca de tres millones de euros. Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Castilla y León (TSJCyL), el Juzgado de Instrucción Número 1 de Valladolid abrió diligencias previas sobre el caso en mayo de 2019 tras recibir otras actuaciones procedentes del Juzgado de Instrucción 1 de Ávila. Esas diligencias en Ávila se abrieron por un atestado de la Guardia Civil y estuvieron vinculadas con 313 vehículos todoterreno forestales enajenados por la Consejería de Fomento.

El Juzgado de Valladolid investiga la posible comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, con participación directa de empresas y particulares, que pudieron haber sido beneficiados por la adquisición de un número importante de vehículos, por entre 800 y 1.800 euros, cuando su precio en el mercado de segunda mano era de unos 9.000 euros.

Por el momento, nadie ha sido citado como investigado, ya que se ha empezado a analizar la información obtenida de la Consejería de Fomento tras la petición de información solicitada por el Juzgado y que se ha llevado a cabo por parte de la Policía Judicial de la Guardia Civil para garantizar la cadena de custodia.

El juez investiga si se ordenó (todavía no se sabe quién) dividir lotes de coches por provincia para evitar que su valor superase los 30.000 euros en lugar de acudir al procedimiento de subasta pública, como hubiera sido perceptivo, con el fin de evitarla.

Cada delegación territorial pudo haber vendido o enajenado sus vehículos por venta directa en desguaces con baja temporal no definitiva.

Algunos vehículos, de los 103 destinados en principio a destrucción directa, han sido detectados circulando de nuevo, mientras otros 63 coches han sido transmitidos a empresas y 147 continúan bajo titularidad de la Junta de Castilla y León. Ha sido la investigación realizada por la Guardia Civil la que ha calculado un posible perjuicio económico para las arcas autonómicas de casi tres millones de euros.

Preguntado por los periodistas tras conocerse esta información, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha advertido de que actuará con "contundencia" para evitar las "malas prácticas" en la Junta y que el propio Ejecutivo regional se personará si ha habido perjuico para la Administración. Fernández Mañueco ha apuntado que la Junta siempre ha colaborado y va a colaborar con la Justicia, mientras desvelaba que ya el pasado mes de julio se facilitó información que el Juzgado de Instrucción había demandado. Asimismo, ha reiterado que el Ejecutivo regional ofrecerá cualquier información que se le demande y que pondrá a disposición de los medios.

El grupo socialista de Castilla y León, por su parte, ha recordado que ya preguntó en marzo de 2017 sobre la situación del parque móvil de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Así lo recoge el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León de 2017, donde el entonces portavoz de Medio Ambiente, José Luis Aceves, registró una serie de preguntas sobre la cuestión y en las que incidía en cuántos vehículos tenía asignado el Servicio Territorial de Medio Ambiente tanto en las oficinas provinciales como en las comarcales, sobre su propiedad, la fecha de matriculación, la marca, a quién estaba asignado cada vehículo o el coste anual de mantenimiento.