CC OO, UGT y CSIF han cifrado en unos 20,4 millones de euros la deuda que la Junta de Castilla y León mantiene con los 85.000 empleados públicos de la comunidad -una media de 240 euros por trabajador- por el incumplimiento del acuerdo de fondos adicionales firmado en 2018 por el Gobierno de Mariano Rajoy y ratificado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
En una comparecencia conjunta, representantes de los tres sindicatos denunciaron el sistemático incumplimiento por parte de la Junta de los acuerdos alcanzados y su “nula” voluntad de negociación, a la vez que anunciaron un calendario de movilizaciones en todas las provincias que arrancará el próximo 23 de enero de Ávila y que finalizará en Valladolid el 27 de febrero con una marcha que recorrerá centros sanitarios, colegios y dependencias de la Junta.
El secretario general de la Federación de Empleados de Servicios Públicos (FeSP) de UGT Castilla y León, Tomás Pérez, aseguró que la Junta, además de negarse a negociar, no cumple los acuerdos firmados, como en el caso de la aplicación de las 35 horas, y “desobedece” las leyes como ocurre con los fondos adicionales o el desarrollo de la Carrera Profesional.
Por su parte, la secretaria autonómica de Acción Sindical de CSIF Castilla y León, Raquel Fernández, denunció que tampoco se ha avanzado nada en la aplicación de la Carrera Profesional, a pesar de que la ley fue publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León el 26 de marzo de 2019 y en la misma se establecía que a 31 de diciembre del pasado año tenía que estar desarrollada mediante un reglamento y convocada.
