La Junta de Castilla y León revisará las bases de los programas de formación de desempleados y de orientación, formación e inserción profesional gestionadas por el Servicio Público de Empleo, después de que la Inspección General de Servicios haya concluido que no deben participar en su elaboración los agentes sociales que luego concurren a las ayudas y que se ha podido perjudicar la libre competencia.
El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, dio a conocer, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, las conclusiones de este informe que se inició a raíz de la denuncia de las Asociaciones de Escuelas de Formación, si bien manifestó que será la justicia, ya que el caso se encuentra en proceso judicial, quien diga sí se han producido irregularidades.
No obstante, manifestó que el informe de la Inspección General de Servicios señala que “hay prácticas muy mejorables” y reconoció que “no es razonable” que quienes han participado en la elaboración de las bases concurran a las ayudas, aunque lo desligó del Diálogo Social de la Junta con sindicatos y patronal, foro en el que se adoptan acuerdos que desarrolla el Ejecutivo en base a sus competencias.
Según las conclusiones de la información reservada realizada por la Inspección General de Servicios, se debería revisar la participación de los agentes sociales en el proceso de elaboración de las bases reguladoras de los procedimientos de subvención vinculadas a la formación, orientación e inserción profesional cuando aquellos participen como solicitantes, directamente o a través de sus entidades de formación vinculadas.
