El Cuerpo Nacional de Policía ha arrestado a 33 personas de once países, entre ellas a cuatro en Castilla y León, dentro de una macrooperación internacional contra la pornografía infantil en once países de tres continentes diferentes.

En España, han detenido a 17 personas y otras nueve más han sido investigadas, la mayoría de ellos menores de edad, por almacenar y distribuir pornografía infantil a través de una aplicación de mensajería instantánea.

Entre los arrestados figuran dos personas de Valladolid, una de Palencia y otra más en Salamanca. En concreto, las detenciones se han producido en Las Palmas, tres en Madrid, las dos de Valladolid y una en las provincias de Santa Cruz de Tenerife, Murcia, Valencia, Palencia, La Rioja, Cuenca y Salamanca. Además, cinco personas son investigadas en Madrid, y una en las provincias de Valencia, Guadalajara, Ciudad Real y Alicante. De todos estos detenidos e investigados, 14 son menores de edad y otros siete tienen menos de 25 años. La edad media de los 26 implicados es de tan sólo 22 años.

Los detenidos compartían material pedófilo junto a otros contenidos de violencia extrema, llegando a elaborar "stickers" en los que se observaba cómo menores de edad muy pequeños eran abusados sexualmente.

La operación Chemosh, que ha durado 26 meses, ha sido llevada a cabo por la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional en colaboración con Interpol, EUROPOL y los cuerpos policiales de Costa Rica, Ecuador, Francia, Guatemala, India, Italia, Pakistán, Perú, Reino Unido y Siria.

Las investigaciones policiales comenzaron a raíz de una información procedente de la colaboración ciudadana recibida en el correo electrónico denuncias.pornografia.infantil@policia.es.

En ella se alertaba sobre la existencia de un grupo de WhatsApp, formado por menores de edad, en el que varios de sus participantes habían normalizado la existencia de la pedofilia y los abusos sexuales a otros menores.

Compartían archivos de contenido pedófilo, en ocasiones de extrema gravedad, en unión de otros contenidos que sí eran legales pero que no eran aptos para menores de edad por su extrema dureza.

Tales contenidos, incluida la pedofilia, se habían normalizado por la mayor parte de sus miembros. Llegaron a viralizarse hasta tal punto que en varios de los casos se habían elaborado "stickers" o pegatinas en los que aparecían menores de edad muy pequeños abusados sexualmente. Algunos de los participantes de dicho grupo abrieron otros chats análogos.

En algunos de ellos participaban pedófilos extranjeros adultos que intercambiaban material de esta temática, lo que hacía más arduo el trabajo policial. Todo ello dio como resultado una investigación que implicó a once países del mundo, incluido España, y a un elevado número de investigados.

La mayor parte de los investigados tenía sus terminales de telefonía móvil a nombre de sus progenitores, por lo que ellos también fueron investigados previamente para descartar su implicación.

En la isla tinerfeña de La Palma, los agentes detuvieron a un joven de 19 años que se había iniciado en el mundo de la pedofilia a través de cómics en los que aparecían menores de edad que sufrían abuso.

A continuación, pasó a buscar activamente material sexual de menores de edad, si bien no solía ser un miembro activo de grupos de pedofilia ante el temor de ser detenido, a pesar de que solía instigar a otros miembros a que compartiesen su material pedófilo.

En Madrid se detuvo a tres personas, entre ellas un menor de 15 años que deseaba ser administrador de grupos de chat de pedofilia y para lo cual almacenaba gran cantidad de archivos que pudiera distribuir entre los componentes de dichos grupos.

Otro de los detenidos, un adulto de 50 años, tenía discapacidad intelectual y frecuentaba grupos de chat de menores de edad