El Grupo Socialista planteó una ley del juego “más dura” en el acceso de los menores a ese tipo de locales, en la distancia entre estos negocios y los colegios y en el aumento del tipo impositivo para esas instalaciones, cuya recaudación se destinaría a la rehabilitación de las personas afectadas por esta adicción.

Así lo recoge la proposición de ley de modificación de la ley reguladora del juego y las apuestas registrada hoy en las Cortes de Castilla y León y de cuyos contenidos informaron el portavoz socialista, Luis Tudanca, y el presidente de la Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid (Ajupareva), Ángel Aranzana.

La iniciativa surge, según explicaron ambos en una comparecencia en las Cortes, ante una ley “anticuada”, que data de 1998, y los “datos alarmantes” de un aumento del 36 por ciento de los salones de juego en los dos últimos años en Castilla y León, el incremento de un 15 por ciento de casos patológicos de ludopatía y la multiplicación por tres del juego online.

Tudanca detalló que la norma se ha elaborado en colaboración con Ajupareva y las Juventudes Socialistas de Castilla y León, afirmó que el problema no es solo en la comunidad, subrayó que se da más en barrios obreros y más vulnerables y resumió su propuesta en un aumento de los controles y restricciones, a la vez que resaltó que la recaudación del aumento de los tipos impositivos se destinarían a la rehabilitación de personas afectadas por esta adicción.

“El juego no es un actividad de ocio saludable”, afirmó Aranzana, que defendió una regulación “más dura, adecuada a los tiempos modernos” y en la que “los jóvenes no tengan un contacto tan directo”, ya que en la norma registrada se recoge un control, como el existente en bingos o casinos, para impedir la entrada de menores o de jugadores que se hubieran autoprohibido la actividad de acceso a estos locales.

En concreto, la proposición de ley establece que no se podrán otorgar licencias para instalar locales específicos de juego ni para máquinas de juego tipo B o C en una distancia mínima de 500 metros lineales -ahora es de 100 metros- de colegios, aularios, instalaciones deportivas, bibliotecas o parques públicos.

Igualmente, no se podrán instalar nuevos locales de juego cuando exista otro específico a una distancia de menos de 1.000 metros lineales -ahora está en 300 metros-.

A ello, se une los menores de edad y los incapacitados judicialmente no podrán practicar juegos ni participar en apuestas, como tampoco las personas mayores de edad que esten con menores en cualquier establecimiento.

El periodo máximo de explotación será de cinco años desde la fecha de apertura del salón de juego, cuya licencia puede ser renovada, en este momento es de diez años.

Se establece una moratoria de cuatro años desde la entrada en vigor de la nueva ley durante la que no se podrá autorizar nuevas licencias.