Las Cortes de Castilla y León instaron ayer a la Junta, mediante propuesta de resolución, a que solicite al Gobierno que antes de concluir 2020 "se ponga en marcha, de modo efectiva", la tarjeta sanitaria individual válida para todo el Sistema Nacional de Salud, que "permita recibir las prestaciones en idénticas condiciones que las reconocidas para los residentes en cada uno de los servicios autonómicos, con independencia del lugar de residencia habitual".

Además, pidieron al Ejecutivo autonómico que, en sus funciones coordinadoras en el Consejo Interterritorial de Salud, también antes de finalizar el próximo año "desarrolle acciones necesarias para que con la tarjeta única se pueda acceder a los datos clínicos y de tratamiento del usuario desde cualquier dependencia sanitaria pública del Sistema Nacional de Salud".

La propuesta salió adelante con el apoyo de PP, Ciudadanos, Por Ávila, UPL y Vox, los votos en contra del PSOE y la abstención de los dos procuradores de Podemos (además de, por error, un tercero del PSOE). El procurador popular Alejandro Vázquez fue el encargado de defender la propuesta y pidió "igualdad" 33 años después de dar luz verde a la Ley General de Sanidad.

La socialista Inmaculada García Rioja sostuvo que la tarjeta sanitaria individual "no es nueva" y se puso en marcha en 2010, "con un gobierno del PSOE, y no con el PP, como ha dicho Pablo Casado". García Rioja explicó que la PNL, por tanto, "llega diez años más tarde de lo necesario, porque este problema ya no existe", con lo que justificó su voto en contra.

Durante el Pleno, el PSOE amagó a la Junta con la presentación de un recurso por responsabilidad patrimonial si no devuelve el sobrecargo de la factura eléctrica a los consumidores y para el que se creó un fondo de compensación en 2012, tras la aprobación de la ley del sector eléctrico por parte del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que las compañías repercuten aún hoy en los ciudadanos a través de un suplemento territorial en la factura. "A lo mejor el señor Igea no se ríe tanto cuando presentemos el recurso", advirtió la procuradora socialista Rosa Rubio, que propuso una PNL para que el Gobierno regional se haga cargo de este coste, "cumpliendo su propia ley, la de creación de un fondo destinado a repercutir en los consumidores y que se está dotando de la propia recaudación del impuesto".

Sin embargo, las Cortes rechazaron, con los votos en contra de PP y Ciudadanos y la abstención de Vox, esta petición para que el Gobierno regional se haga cargo de este suplemento territorial que las compañías facturan a los castellanos y leoneses.

Por último, las Cortes de Castilla y León frenó la tramitación de la proposición de ley de diversidad sexual y de género, presentada por los grupos Socialista y Mixto, con los votos de PP y Ciudadanos, a los que se unió Vox, bajo el argumento de no duplicar el trabajo de la Junta y con el compromiso de que el texto tendrá todas las garantías jurídicas.