Las Cortes de Castilla y León instaron hoy a la Junta, mediante propuesta de resolución, a que solicite al Gobierno que antes de concluir 2020 “se ponga en marcha, de modo efectiva”, la tarjeta sanitaria individual válida para todo el Sistema Nacional de Salud, que “permita recibir las prestaciones en idénticas condiciones que las reconocidas para los residentes en cada uno de los servicios autonómicos, con independencia del lugar de residencia habitual”.

Además, pidieron al Ejecutivo autonómico que, en sus funciones coordinadoras en el Consejo Interterritorial de Salud, también antes de finalizar el próximo año “desarrolle acciones necesarias para que con la tarjeta única se pueda acceder a los datos clínicos y de tratamiento del usuario desde cualquier dependencia sanitaria pública del Sistema Nacional de Salud”.

La propuesta salió adelante con el apoyo de PP, Ciudadanos, Por Ávila, UPL y Vox, los votos en contra del PSOE y la abstención de los dos procuradores de Podemos (además de, por error, un tercero del PSOE).

El procurador popular Alejandro Vázquez fue el encargado de defender la propuesta y pidió “igualdad” 33 años después de dar luz verde a la Ley General de Sanidad.

“Parece mentira que un partido de 140 años, que dice que ha defendido la bandera de la igualdad, en un tema como este haya dejado de luchar y negar la evidencia. Un partido que en 1986 defendía la igualdad y que ha pasado ahora al federalismo y al 'nación de naciones', que la niega. Quién les ha visto y quién les ve”, recriminó Vázquez, quien lamentó que el PSOE mantenga “seguidismo” de la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, “que con su experiencia sabe que el problema no está solucionado”.

“Tanto lo tergiversa que ustedes acaban creyéndola”, respondió a la socialista Inmaculada García Rioja, a quien acusó de un “duelo patológico”, y quien había sostenido que la tarjeta sanitaria individual “no es nueva” y se puso en marcha en 2010, “con un gobierno del PSOE, y no con el PP, como ha dicho Pablo Casado”.