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El Partido Popular y Ciudadanos constituyeron ayer la comisión paritaria formada por procuradores y miembros de la Junta para auditar a un total de 16 entes del sector público autonómico de Castilla y León. Para ello, esperan tener los primeros informes sobre la eficacia en el gasto y la eficiencia de su actuaciones a mediados de enero, con el objetivo de que en seis meses, al final del primer semestre de 2020, tener ya las conclusiones de esta revisión para decidir sobre su futuro.
Los portavoces de los grupos parlamentarios Popular y de Ciudadanos, Raúl de la Hoz y Carlota Amigo, presentaron en las Cortes esta comisión, formada por diez miembros -cinco a propuesta de cada partido-, que da cumplimiento al punto tercero del acuerdo de gobierno entre las dos formaciones, que preveía la creación de este órgano que tendrá un carácter "técnico" puesto que analizará balances, presupuestos, políticas y el volumen de recursos humanos.
Además, la representante de Cs trasladó un mensaje de "tranquilidad" a los trabajadores -más de 200-, puesto que en primer lugar se abordará una evaluación, que al final del proceso determinará si se debe mantener el ente, suprimir, fusionar con otro o transformar su naturaleza jurídica.
Las 16 entidades que se ponen bajo lupa de la comisión se han elegido en función del criterio de que la Junta tenga poder de decisión sobre su continuidad. De esta forma, se excluye la Fundación Villalar-Castilla y León, que el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, abogó por suprimir. También se quedan fuera la Gerencia de Salud (Sacyl), el Ente Público de Empleo (Ecyl) y la Gerencia de Servicios Sociales, porque a juicio de Cs son organismos autónomos que operan como la administración general e incluso están sometidos a una mayor evaluación.
El anuncio fue acogido con reservas por los socialistas. La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Virginia Barcones, criticó ayer que el PP y Ciudadanos hayan "puesto en marcha un simulacro de comisión entre ellos mismos" para la "presunta eliminación de los llamados chiringuitos" adscritos a la Administración autonómica.
