El Consejo de Cuentas de Castilla y León acometerá un informe para determinar el grado de ejecución y de eficacia de las medidas puestas en marcha por los ayuntamientos y diputaciones de la comunidad, en su lucha contra la despoblación.
El trabajo se acometerá bajo la denominación de "Fiscalización de la aplicación de las medidas aprobadas por las Cortes de Castilla y León en materia de despoblación en las entidades locales" y está incluido en su Plan Anual 2019.
El Pleno de la institución aprobó hoy las directrices técnicas que guiarán la elaboración de los trabajos de un informe que tiene "carácter novedoso" en el ámbito de las materias objeto de fiscalización por los órganos de control externo autonómico.
Fuentes de esta institución propia de Castilla y León explicaron, en un comunicado recogido por Ical, que el informe responde a uno de los objetivos "prioritarios" del Plan Estratégico 2019-2022 del Consejo, basado en "acercar las fiscalizaciones a las inquietudes sociales mediante el impulso de auditorías operativas que permitan la evaluación de resultados de las políticas públicas, conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia".
La elaboración de esta fiscalización operativa corresponderá al Departamento de Entidades Locales del Consejo de Cuentas y en ella se analizarán las actuaciones, medidas y procedimientos adoptados por los ayuntamientos y diputaciones provinciales en materia de despoblación, así como el establecimiento de indicadores que permitan medir el grado de consecución de los objetivos y la eficacia alcanzada.
Además, se examinarán los programas presupuestarios destinados a la lucha contra la despoblación y aquellos otros que pudieran estar relacionados con los mismos.
El estudio presenta varios objetivos específicos, entre los que se encuentra establecer las tendencias poblacionales de la Comunidad en los últimos 15 años, así como su relación con indicadores y magnitudes de actividad económica y de servicios.
Asimismo, se analizarán las actuaciones, medidas y políticas promovidas por las administraciones públicas para su ejecución por parte de los ayuntamientos y diputaciones provinciales en materia de despoblación, así como la existencia de una planificación al respecto.
