El exalcalde de Valladolid Javier León de la Riva defendió hoy que siempre se fió del secretario general del Ayuntamiento Valentín Merino y de los servicios jurídicos del Consistorio para tomar decisiones, tanto en materia de Urbanismo como en otras áreas, y “nunca” votó en contra de sus decisiones.

De este modo, se liberó de cualquier duda y se reafirmó en su confianza hacia el exconcejal de Urbanismo Antonio García de Coca, uno de los encausados por el caso del PGOU, que se juzga desde el pasado miércoles en la Audiencia Provincial.

“En cinco mandatos que estuve al frente del Ayuntamiento aposté por cinco concejales de este área diferentes y no he dudado de la honestidad de ninguno de ellos.

En este caso lo hice por García de Coca por su formación”, respondió a preguntas de la Fiscalía. De la Riva, una de las declaraciones testificales más esperadas de este caso, aseguró que en todos esos años presidió cientos de plenos y no puede “recordar cada uno de ellos”.

En relación al celebrado en diciembre de 2003 para remitir documentación final para que la Consejería de Fomento publicara el PGOU definitivo, señaló que hubo un debate entre García de Coca y el entonces portavoz socialista, Ángel Velasco, ya fallecido.

Al respecto, confió plenamente en la “formación en derecho” del secretario general Valentín Merino, que también declaró hoy, a quien preguntó lo que había que hacer.

“Merino era uno de los secretarios generales de administración local más reputados de España”, defendió el exregidor, quien aseguró que “estaba en las antípodas políticas”, pues procedía del Partido de los Trabajadores de España, pero una eminencia.

De la Riva explicó que el alcalde tiene la potestad de estructurar las áreas del Ayuntamiento, pero en los asuntos técnicos de cada una de ellas, como es el caso de Urbanismo, asumió “no tener conocimiento”.

Igualmente, se remitió en muchas de sus afirmaciones a la fase de instrucción, pues desde que dejó el Ayuntamiento en 2015 “no ha refrescado nada de esta información”. “Cuando salí sólo me llevé algunas cartas personales”.

En relación a la construcción del aparcamiento de la calle José María Lacort, uno de los puntos que fue modificado, señaló que él vio bien levantar allí esa infraestructura porque “en esa zona sólo existía el del Plaza España”, pero no entró más al detalle “porque los aspectos de temas urbanísticos concretos” no eran de su competencia.

De hecho, añadió que “nunca” nombró a un técnico para “hacer un proyecto en concreto” y aseguró desconocer la razón por la que se modificó el plan de esta parcela de José María Lacort.

En este sentido, instó al abogado de la acusación popular a preguntar a Inzamac, la empresa con la que el Consistorio tenía contratada parte de la modificación del PGOU. “Dí por bueno lo que dijo la asesoría jurídica”, sostuvo.

En todo caso, reiteró que se dieron “cuenta de una serie de irregularidades” en el Plan General de Ordenación Urbana y se ordenó una investigación.

Por último, descartó que el Ayuntamiento tuviera relación con Grupo Capitol, grupo inmobiliario que patrocinó al equipo de baloncesto de la ciudad durante dos temporadas, y del que José Luis Mayordomo, uno de los encausados y socio de esta empresa, fue presidente.

El Consistorio tenía entre el dos y el tres por ciento de las acciones del club por razones simbólicas y el apoyo administrativo al equipo, “como al resto de la ciudad”.