El Procurador del Común, Tomás Quintana, ha demandado este lunes a las Cortes de Castilla y León que la modificación de la Ley de Transparencia anunciada por la Junta incluya un régimen sancionador y la posibilidad de imponer multas coercitivas contras las entidades públicas que incumplan la norma.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común, para presentar la Memoria Anual del Comisionado de la Transparencia de Castilla y León 2018, Quintana ha alertado de la "omisión legislativa" sobre la "ejecución forzosa de las resoluciones" en materia de incumplimiento del acceso a la información.
"La carencia de instrumentos de ejecución forzosa para hacer cumplir lo decidido por la Comisión afecta directamente a la eficacia de nuestra actuación", ha planteado Quintana, en la línea de lo reconocido el pasado jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno por el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea (Cs), quien anunció una próxima reforma de la Ley autonómica de Transparencia, que incluirá un régimen sancionador.
