La Junta de Castilla y León presentará en diez días una propuesta para hacer efectivo el acuerdo suscrito el 21 de mayo y para aplicar la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos el próximo año. La oferta determinará "cómo" y "cuándo" se puede reducir el horario de trabajo, tras aceptar las organizaciones sindicales el "retraso" provocado por el cambio de gobierno en la comunidad.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y los representantes de UGT, CC OO y CSIF lograron desbloquear la situación, tras la ruptura de los contactos en septiembre, en el transcurso de una reunión que se prolongó durante dos horas y media, después de que este martes el jefe del Ejecutivo comunicara su decisión de involucrarse de forma personal para resolver un conflicto que podría desembocar en una huelga de la función pública el 6 de noviembre.
El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, avanzó que las partes seguirán trabajando y volverán a reunirse el lunes 21 de octubre para analizar la propuesta por escrito que hará el Ejecutivo. De momento, los representantes de las centrales sindicales mantienen el calendario de movilizaciones, con una concentración el 17 de octubre, y con un primer paro parcial el 25 de octubre.
La Junta, según Ibáñez, mantiene que la jornada de 35 horas debe aplicarse con criterios de equidad, es decir, para todos los empleados públicos; manteniendo la garantía en la prestación y la calidad, así como en condiciones de estabilidad, para que sea posible su continuidad en el tiempo. Ahora, reconoció, la Junta tiene la "pelota" en su "tejado", pues le corresponde presentar una propuesta a los sindicatos.
De momento las organizaciones sindicales exigen respetar el acuerdo suscrito en mayo que contempla el 1 de enero de 2020.
