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La fiscal superior de Castilla y León, Lourdes Rodríguez Rey, reconoció ayer avances en la lucha contra la violencia machista, pero denunció la falta de medios de la fiscalía para proteger a las mujeres, en especial a la hora de detectar y valorar el riesgo de la víctima, a la vez que planteó la necesidad de mejorar la coordinación entre las unidades de valoración de la fiscalía y la Oficina de Atención a las Víctimas.

En su intervención ante la Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León para informar sobre la memoria correspondiente al año 2018, Rodríguez Rey también propuso mejorar la coordinación con los servicios sociales de la Junta para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y mostró su total colaboración para que Castilla y León, se convierta en una comunidad referente en la investigación de los incendios forestales.

La fiscal superior aseguró que gracias a una mayor implicación de toda la sociedad se está avanzado en la lucha contra la violencia de género, pero advirtió que es necesario seguir educando en igualdad y sensibilizar a la comunidad para que el maltratador "se sienta rechazado". Además, denunció que a las fiscalías "no llegan más recursos" y planteó la necesidad de derogar el artículo que permite a la víctima no declarar contra su maltratador.

Rodríguez Rey también alertó de que la lacra de la violencia de género se acentúa en el medio rural, por lo que aseguró que es necesario que las víctimas de los pequeños pueblos tengan los mismos recursos en igualdad de condiciones.

En materia de discapacidad, además de la creación de juzgados especializados, propuso una mayor colaboración con los servicios sociales, disponer de herramientas informáticas que permitan a los fiscales tener información directa sobre tutelas o internamientos, contar con personal especializado, en especial psicólogos y mejorar la coordinación a la hora de realizar inspecciones en los centros de menores y también en las residencias de mayores.

No obstante, la fiscal superior reconoció el potencial y el reconocimiento que tienen los servicios sociales de Castilla y León fuera de la Comunidad, así como la estrecha colaboración que mantiene con la Consejería de Familia.

Rodríguez Rey, que inició su intervención reconociendo que la justicia continúa siendo "lenta y pesada", reclamó voluntad política para llevar a cabo la "reforma de calado que necesita la Justicia en España". "La sociedad avanza y nosotros seguimos con estructuras del siglo XIX", aseguró, a la vez que reclamo un nuevo proceso penal, "ya que el español es una anomalía en el panorama internacional".

Además, también criticó que es "impensable" que en las fiscalías no existan equipos multidisciplinares y reclamó la necesidad de contar con psicólogos y trabajadores sociales para mejorar la protección a los discapacitados y a las víctimas de violencia doméstica, o de economistas para perseguir los delitos económicos y de corrupción.