El ex director general de la Policía y exportavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó; la exdiputada del PP por Valladolid Ana Torme y la exsenadora popular por León Esther Muñoz son tres de los últimos contratados o designados por la Junta de Castilla y León como asesores en Presidencia y Sanidad.

Según se especifica en el portal de transparencia de la Junta, Ignacio Cosidó se incorpora al Ejecutivo autonómico como técnico asesor, con una remuneración de 3.982 euros al mes -54.039 euros al año-, mientras que Muñoz se sumará como asesora del gabinete del presidente con un salario mensual de 3.452 euros -46.024 al año-.

Cosidó dejó de ser portavoz del PP en el Senado entre críticas y acusaciones por su supuesta vinculación con la Operación Kitchen, que siempre ha negado, y también por la difusión de un mensaje en el grupo de Whatsapp de los senadores de su grupo donde se apuntaba que el acuerdo que el PP y el PSOE habían pactado en noviembre de 2018 para proponer al magistrado Manuel Marchena presidente del CGPJ permitiría controlar "desde detrás" el alto tribunal, lo que frustró finalmente aquel pacto.

Sobre estos asuntos, el presidente del PP de Castilla y León y ahora presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, afirmó que cada uno era responsable de sus actos, sin embargo, también confesó en una rueda de prensa que "Nacho" -Ignacio Cosidó- era su "amigo".

Preguntado por estos nombramientos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, ha defendido la contratación de Cosidó como asesor del presidente autonómico y ha adelantado que entre sus cometidos figura el de acometer un "acercamiento con el mundo rural".

Por su parte, la secretaria general del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Patricia Gómez, y el procurador José Francisco Martín han acusado a la Administración autonómica de convertirse en el "basurero" del PP porque han visto a Ignacio Cosidó como una persona que "se movía muy bien en las cloacas del Estado y de la Policía".

Por último, el líder de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha calificado de "intolerable" que el Partido Popular y Ciudadanos utilicen las instituciones "como cortijo propio para colocar y para enchufar a dedo a sus acólitos", a quienes se ha referido como "despojos".